El Gobierno nacional ha anunciado un ambicioso plan de obras de infraestructura eléctrica con una inversión de USD 6.600 millones, destinado a mejorar el sistema de transporte eléctrico y mitigar los cortes de luz en distintas regiones del país.
La iniciativa del Gobierno, que contempla 17 proyectos prioritarios, será financiada por el sector privado y los costos serán trasladados a las facturas de los usuarios una vez que las obras estén finalizadas. El principal propósito de este programa es fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que ha sufrido un deterioro significativo en los últimos años debido a la falta de inversión en infraestructura.
Según el Gobierno, la demanda energética ha aumentado un 20% en la última década, mientras que la expansión de las líneas de transporte de alta tensión solo ha crecido un 8%, lo que ha generado cuellos de botella y una mayor vulnerabilidad del sistema.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la última obra de alta tensión a nivel nacional se realizó en 2017, y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la más reciente fue en 2006. En ese período, los argentinos han sufrido cortes de luz durante 17 veranos consecutivos, lo que evidencia la necesidad urgente de modernizar la red eléctrica.
El plan contempla la construcción y ampliación de estaciones transformadoras y la incorporación de 5.610 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, lo que representa un aumento del 38% en comparación con la red existente. Entre las obras más destacadas se encuentran:
Línea de interconexión 500 kV Santa Cruz – Tierra del Fuego. Línea 500 kV Vivoratá – Plomer y Plomer – O’Higgins (Buenos Aires). Línea 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca. Interconexión internacional con Bolivia y Paraguay.
Expansión de estaciones
Estas obras serán concesionadas a empresas privadas, que asumirán la financiación y ejecución de los proyectos. Una vez completadas, los costos serán recuperados a través de un concepto tarifario que se incluirá en las facturas de los usuarios beneficiados con la nueva infraestructura.
El Gobierno ha decidido que estas obras sean financiadas íntegramente por el sector privado, evitando así un impacto en el presupuesto estatal. Sin embargo, este esquema enfrenta desafíos, ya que las empresas deberán conseguir financiamiento para construir, operar y mantener las líneas eléctricas mediante contratos de concesión a 30 años.
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