La jueza federal Loretta Preska, titular de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino entregar sus acciones Clase D de YPF —equivalentes al 51% de la compañía— como parte de pago de la histórica sentencia por la expropiación de 2012. El fallo establece:
“Por las razones expuestas anteriormente, se ACEPTA la moción de los Demandantes. La República deberá (i) transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de esta orden; y (ii) instruir a BNYM para iniciar la transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones Clase D de YPF a los Demandantes o sus designados dentro de un día hábil desde la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”.
Preska, jueza de vasta trayectoria en causas financieras y corporativas, consideró además que no era necesario un argumento oral adicional y denegó la solicitud del gobierno argentino: “Se considera que no es necesario un argumento oral adicional a los documentos presentados por las partes, y la solicitud de argumento oral de la República es DENEGADA”, dice el texto que publicó en primera instancia el director regional de Latam Advisors, Sebastián Maril.
La magistrada concluyó ordenando el cierre administrativo de los expedientes judiciales abiertos: “Se ordena respetuosamente al Secretario del Tribunal que cierre los expedientes dkt. no. 555 en 15 Civ. 02739 y dkt. no. 481 en 16 Civ. 08569”.
El trasfondo: de la épica de Kicillof a los fondos buitre
El fallo responde a la larga batalla legal que comenzó cuando, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, su ministro de Economía Axel Kicillof impulsó la expropiación de YPF. En aquel momento, el kirchnerismo presentó la estatización como un acto de soberanía energética, tras adquirir el 51% de la petrolera que estaba en manos de Repsol y del Grupo Petersen de la familia Eskenazi.
Sin embargo, detrás de la operación se ocultaba un esquema de financiamiento cuestionado: los Eskenazi habían ingresado a YPF sin poner un solo peso propio. Compraron su participación a través de un mecanismo de autopago con dividendos futuros, aprobado por Repsol y respaldado políticamente por el kirchnerismo. Cuando la rentabilidad cayó y la empresa fue expropiada, Petersen entró en default.
Ahí comenzaron los litigios. Los derechos de litigio del Grupo Petersen fueron adquiridos por los fondos Burford Capital y Eton Park por una fracción de su eventual valor, apostando a una compensación millonaria en tribunales internacionales. La jugada les salió perfecta: en septiembre de 2023, Preska condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones por no haber hecho la oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, como indicaba el estatuto de la empresa.
Una ironía histórica
Con este nuevo fallo, los fondos beneficiarios —y potencialmente la propia familia Eskenazi, a través de su participación en los derechos de litigio vendidos— podrían hacerse con el control de YPF, la misma empresa que adquirieron en su momento sin inversión directa y con la promesa de pagar con utilidades futuras.
El gobierno argentino había solicitado una audiencia oral para frenar la transferencia de acciones, pero la jueza Preska rechazó el pedido argumentando que los documentos presentados eran suficientes para decidir.
Impacto político y económico
Este episodio expone el costo político, económico y jurídico de la decisión tomada en 2012. Kicillof, hoy gobernador bonaerense, defendió la estatización como una batalla épica contra el neoliberalismo. Más de una década después, la Argentina enfrenta embargos y la posible pérdida de control de su principal petrolera, mientras los fondos de litigio internacional celebran un fallo que, en los hechos, podría convertirlos en los nuevos accionistas de referencia de YPF.
La historia de la “soberanía energética” termina así, paradójicamente, en un tribunal de Nueva York que ordena transferir la propiedad de la petrolera nacional al capital financiero global.