En la mayoría de los países, existe un sistema predominante de gestión y financiamiento de la salud. Algunos se basan en un modelo de salud pública, otros priorizan la atención privada, y otros adoptan sistemas de seguros sociales.
El sistema de salud argentino, en cambio, combina estos tres modelos de manera desarticulada, lo que genera ineficiencias y una carga desproporcionada sobre el sector público, que termina siendo la variable de ajuste.
A esto se suma una superposición de funciones entre los distintos niveles de gobierno. Aunque la salud es una competencia constitucional primaria de las provincias, los tres niveles terminan cumpliendo las mismas funciones de manera superpuesta.
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Las provincias administran hospitales, definen prioridades sanitarias, contratan recursos humanos y ejecutan políticas en sus jurisdicciones. A su vez, muchas delegan a los municipios tareas de atención primaria, como la gestión de centros de salud, vacunación y prevención.
El Ministerio de Salud nacional, por su parte, en lugar de coordinar el sistema, regular y evaluar resultados, asume tareas que no le corresponden, como financiar hospitales o comprar y distribuir medicamentos.
Gran parte de este desorden recae en los hospitales públicos, porque, además de atender a personas sin cobertura, atienden a muchos pacientes con obra social o prepaga.
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Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 32% de la población no tiene cobertura médica, es decir, depende exclusivamente del sistema público, mientras que el 61% tiene obra social, el 5% tiene prepaga y el 2% tiene ambas coberturas.
Estos datos indican que los hospitales públicos deberían, en principio, atender al tercio de la población sin cobertura. Sin embargo, también reciben pacientes con algún tipo de cobertura, lo que sobrecarga una atención ya debilitada por una gestión deficiente.
Así, surge una contradicción: se destina cerca del 10% del producto interno bruto al sector salud, pero las condiciones laborales y la calidad de la atención médica son deficientes.
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Una parte del problema es que las obras sociales no garantizan una buena atención. Más de cinco millones de personas con empleo precario y bajos salarios reciben prestaciones de baja calidad, como ocurre con los afiliados al monotributo, y terminan en el hospital público.
Entre las causas estructurales, están la alta informalidad laboral, que limita el alcance de la seguridad social, y la fragmentación del sistema de obras sociales, que impide un servicio equitativo. Además, el Programa Médico Obligatorio impone una cobertura excesiva para las obras sociales y prepagas, lo que las torna financieramente insostenibles en los casos de aportes bajos.
A estos problemas se suman fallas propias de los hospitales públicos. Detrás del desorden general que los sobrecarga, se ocultan graves deficiencias de gestión. Un ejemplo claro es justamente la incapacidad de identificar a pacientes con obra social, lo cual les impide recuperar costos.
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Además, esta desorganización se refleja en escasez de insumos, atribuible a un inadecuado control de inventarios, y en seguimientos clínicos deficientes, por la falta de registros sistemáticos y la limitada articulación con otros centros de salud. Tampoco hay mecanismos eficaces para supervisar el presentismo de los profesionales ni para evaluar la calidad de la atención brindada.
La solución no pasa por más presupuesto, sino por una profunda reorganización. El Estado debería dejar de gestionar hospitales y enfocarse en regular, auditar y garantizar el acceso efectivo a la salud. Un primer paso sería otorgar a los hospitales públicos personería jurídica y capacidad de gestión descentralizada.
El Garrahan ya funciona con este modelo, pero al depender de la Nación, su gestión se politiza. Podría ser más eficiente si dejara de depender de la Nación y estuviera en manos de su equipo médico.
También es necesario reformar el financiamiento. Actualmente, los hospitales reciben recursos sin relación con la cantidad o la calidad de los servicios que prestan.
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Una alternativa sería que las provincias creen seguros públicos provinciales de salud y asignen una “cápita” ajustada al riesgo epidemiológico por cada persona sin cobertura. Así, los hospitales públicos cobrarían al seguro por cada prestación, incentivando la eficiencia y calidad.
Por último, el sistema público debe orientarse hacia la obtención de resultados. Se necesitan mecanismos rigurosos de evaluación del desempeño que premien la eficiencia, la calidad en la atención y la cobertura efectiva.
Estas propuestas buscan reordenar el sistema de salud desde sus bases. No se trata sólo de mejorar la gestión hospitalaria, sino de cambiar la distribución de recursos, la relación entre subsistemas y alinear el funcionamiento de los hospitales con el interés general.
*Economista de Idesa