Desde el 1º de agosto, la Municipalidad de Córdoba comenzará a aplicar multas económicas por exceso de velocidad, utilizando radares móviles TruCam II distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Esta semana se puso en marcha una fase de advertencia, en la que los infractores son notificados a través del Ciudadano Digital (CIDI), pero sin que se les imponga una sanción monetaria.
Sin embargo, desde el mes próximo, toda infracción detectada por radar pasará a ser sancionada con una multa efectiva, cuyo valor dependerá de la magnitud de la falta. Según lo informado por las autoridades, los montos comenzarán en los $52.000 para los casos más leves, y podrán alcanzar los $315.000 cuando se trate de excesos importantes, reincidencias o situaciones de riesgo agravado.
Los límites de velocidad vigentes en Córdoba capital son de 20 km/h en pasos a nivel, 30 km/h en zonas escolares y esquinas, 40 km/h en calles comunes y 60 km/h en avenidas y rutas urbanas. Cualquier superación de estos valores podrá ser registrada por los radares y derivar en una sanción económica.
Además, en los casos de infracciones graves o conductas temerarias, se contempla la posibilidad de retener el vehículo. Esto aplicará especialmente a quienes dupliquen la velocidad permitida o acumulen reiteradas violaciones a las normas de tránsito.
Los radares móviles TruCam II cuentan con tecnología de alta precisión y pueden captar la velocidad exacta, la ubicación, la hora y la patente del vehículo infractor. El sistema está enlazado directamente con los perfiles del Ciudadano Digital, lo que permite emitir y notificar las multas de forma inmediata y legalmente válida.
Desde el municipio señalaron que la decisión responde a la necesidad de reducir la siniestralidad vial, que actualmente deja un promedio de seis muertes por mes en la ciudad. Según datos oficiales, el exceso de velocidad está presente en el 58% de los siniestros fatales registrados el último año.
Durante lo que resta de julio, los conductores seguirán recibiendo notificaciones sin costo como parte de la etapa educativa del plan. Pero a partir de agosto, exceder los límites no solo implicará un riesgo para la seguridad, sino también un impacto económico considerable.