La exdirectora del CNI, Paz Esteban, y tres directivos del entramado empresarial NSO Group, así como la propia empresa, han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona por el espionaje con Pegasus al abogado de dirigentes de ERC, Andreu Van den Eynde, según ha anunciado este martes el centro de defensa de los derechos humanos Iridia, que ejerce la acusación. Esta es la cuarta que vez que un juzgado cita a declarar a la que fuera máxima responsable del servicio de inteligencia español.
Los directivos de la delegación de Luxemburgo de la sociedad NSO, de Pegasus son: Omri Lavie, Shalev Hulio y Yuval Somekh, que el juzgado ha incluido en la orden europea de investigación. Estos altos cargos de la empresa israelí ya estaban imputados a raíz de la querella presentada por Iridia, pero hasta ahora no habían sido citados a declarar. Esta decisión ha sido posible gracias a un informe pericial sobre la estructura empresarial NSO aportado por entidades de derechos humanos. El abogado de Irídia, Brian Ventura, ha calificado estas imputaciones de «históricas» porque ha asegurado que hasta ahora «ningún juzgado español investiga NSO por Pegasus» y que reclamarán que «se depuren responsabilidades».
Según Iridia, esta decisión abre la puerta a una nueva oportunidad para la desclasificación de información por el espionaje de Pegasus, un proceso que depende del Consejo de Ministros y que ha sido, en la mayoría de los casos, bloqueada por la ley franquista de secretos oficiales de 1968.
Los otros casos
Esta es la cuarta vez que Pas Esteban es formalmente investigada por un juzgado por el espionaje a independentistas catalanes, que se destapó en la investigación Catalan Gate, de Citizen Lab, con unos 65 afectados, espiados entre los años 2017 al 2020. Primero fue el juez que lleva el caso del presidente Pere Aragonès; después el de los diputados de ERC, Diana Riba y Josep Maria Jové, y el tercero, el del exeurodiputado de Esquerra, Jordi Solé. Hay más causas abiertas contra el CNI en las que todavía no se ha tomado ninguna decisión en este sentido.
Varias investigaciones han destapado que Pegasus ha sido usado por al menos 73 estados de todo el mundo. Aunque NSO Group asegura que solo vende el producto para combatir el crimen organizado o el terrorismo, hay múltiples evidencias de que esta arma de cibervigilancia ha servido para espiar y perseguir a disidentes políticos, periodistas críticos o activistas por los derechos humanos. Prueba de ello es el asesinato del reportero saudí Jamal Khashoggi.
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