El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó el presupuesto para el Poder Judicial para el próximo año por más de dos billones de pesos.
La suma aprobada en el pleno del Consejo de la Magistratura de la Nación asciende a $2.007.943.778.229 pesos y ahora el anteproyecto aprobado por 15 votos a favor y cinco abstenciones, pasa a la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo de la Magistratura celebró este miércoles un plenario extraordinario encabezado por Horacio Rosatti, presidente además de la Corte Suprema.
Traspaso y fallo Levinas
En un clima tenso, el traspaso de competencias judiciales a la órbita de la Ciudad y fallo Levinas fueron ejes de un intenso debate que se suscitó en la gran mesa del Consejo.
La discusión la llevó al recinto el consejero abogado César Grau al exigir el cumplimiento del fallo de la Corte conocido como caso Levinas. “¿Vamos a cumplir la sentencia?”, preguntó el letrado.
Los jueces Alberto Lugones y Alejandra Provítola rechazaron la posición del abogado y recordaron que el fallo de la Corte “no dijo eso”.
El fallo «Ferrari c. Levinas» o caso Levinas de la Corte estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) es el órgano competente para resolver los recursos extraordinarios contra sentencias de la justicia nacional ordinaria de la Ciudad.
El juez Lugones dijo no estar de acuerdo con el fallo de la Corte y que no es facultad del Consejo resolver la cuestión sino de los órganos legislativos de la Nación y de la Ciudad.
Debió intervenir el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, aclarando que lo que resolvió la Corte es un tema procesal. Y en relación al traspaso advirtió: “Ya no vamos a decir más nada porque eso corre por cuenta de los poderes políticos a través de un convenio entre el Congreso de la Nación y la Legislatura provincial sobre cómo se hace”
“Esta es una cuestión es absolutamente ajena a la Corte. La Corte a veces hace exhortaciones, como exhorta a sancionar leyes o como ayer exhortamos a que se designe al Defensor del Pueblo porque tenemos reclamos jubilatorios que no podemos resolver”, explicó Rosatti.
Por su parte, el consejero Alberto Maques dejó constancia que presentó una nota en julio pasado en la que planteaba una serie de cuestionamientos respecto a partidas presupuestarias que deberían ser para la Ciudad, sobre todo en materia de Relaciones de Consumo y el fuero laboral.
Falta de presupuesto nacional
La política y el presupuesto nacional se colaron en el debate. Los consejeros Rodolfo Tailhade, Mariano Recalde y Vanesa Siley cuestionaron el funcionamiento desde hace dos años sin presupuesto aprobado por el Congreso.
El representante del Ejecutivo, Sebastián Amerio, advirtió: “parece que el país existe desde hace un año y diez meses. Saben que no es así, pero no lo mencionan. La situación edilicia del Poder Judicial es complicada desde hace muchos años, la implementación del sistema acusatorio fue abonado 100% por el Ministerio de Justicia de la Nación, y es cierto que tenemos alguna deuda a pagar. Y el presidente de este cuerpo se ocupa de que devolvamos la plata que adelantaron”.
Presupuesto para el Poder Judicial
Finalmente se aprobó el Presupuesto por 2.007.943.778.229 de pesos. La mayor parte se lo llevó el rubro gastos de personal con 1.904.350.939.504, seguido de servicios no personales, bienes de uso y bienes de consumo.
En el anteproyecto está prevista la adquisición de bienes de servicios en materia de tecnología y seguridad informática.
La votación finalizó con 15 votos a favor y cinco abstenciones. Se abstuvieron de acompañar el presupuesto Tailhade, Recalde, Siley, la senadora María Inés Pilatti Vergara y el abogado Grau.