Pedro Sánchez ha pasado de defender la inocencia del Fiscal General del Estado, procesado por un delito de revelación de secretos, así como la de su esposa y hermano, imputados en diferentes causas, a cargar directamente contra los jueces que instruyen estas causas. Escudándose en la denominada guerra sucia judicial –lawfare-, el presidente del Gobierno ha cuestionado que «hay jueces haciendo política». Una minoría, según matizó, pero sobre la que alertó porque «hacen un inmenso daño a la justicia». Tanto es así, que reclamó al CGPJ una «reflexión» para defenderse de lo que considera “procesos que son defectuosos tanto en el fondo como en la forma”.
En su primera entrevista tras más de un año, concedida a TVE coincidiendo con el arranque del curso político, el jefe del Ejecutivo dejó claro que la agenda judicial no marcará el devenir de la legislatura. Incluso tras el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su presunta participación en la trama Koldo. «He pensado en dimitir», reconoció a la periodista Pepa Bueno repitiendo sus primeras palabras tras hacerse público el informe de la UCO sobre la participación del quien era su mano derecha en una presunta trama de mordidas a cambio de obra pública. Sin embargo, añadió que «mi responsabilidad no es abandonar el barco, sino tomar decisiones».
Con contundencia, Sánchez negó que haya corrupción generalizada o que el PSOE haya recibido financiación irregular, una línea roja para sus socios. Con la mayoría de investidura negociará unos Presupuestos, que sería los primeros de la legislatura y que se comprometió a presentar, pero descartando un adelanto electoral en caso de ser rechazados. Si los tumba el Congreso, avisó, «no significa que el Gobierno no vaya a mantener su hoja de ruta, que lo hará». En esta línea, le restó importancia las cuentas públicas: “Son un instrumento, no un fin en sí mismo”. El fin, enumeró, «es crecer, crear empleo, reducir la desigualdad, impulsar una agenda de transformación y poder vehicular los fondos europeos que acaban el 31 de diciembre de 2026».