Los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal presentaron este miércoles un reclamo administrativo conjunto para exigirle al presidente Javier Milei que cumpla con la obligación constitucional de enviar al Senado los pliegos necesarios para cubrir las vacantes en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Al respecto, el documento señala: «Desde el inicio del actual mandato presidencial, asumido el 10 de diciembre de 2023, no ha sido remitido ni un solo pliego al Senado, en cumplimiento de la manda constitucional».
Al brindis por el Día del Abogado ya se había anticipado la decisión, y entre los firmantes del escrito se encuentran: el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra; Raúl Aguirre Saravia, vicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA); Rosalía Silvestre, a cargo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Juan Pablo Zanetta, titular de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
Los firmantes del documento, de nueve páginas, advirtieron que no «hay servicio de justicia si no hay jueces a cargo de tribunales, fiscalías y defensorías«, y que sin ellos no es posible defender los derechos que la Constitución y la ley garantizan a los habitantes de la República Argentina. Advirtieron que actualmente existen más de 180 vacantes pendientes en el Poder Ejecutivo, lo que, según el escrito, “consolida la violación de las garantías judiciales del debido proceso, entre ellas la garantía del juez natural y el principio de plazo razonable”.
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Al reclamo se le da énfasis en que no se trata de una decisión política opcional, sino de un deber constitucional: “No debe tener intención de avanzar en el envío de los pliegos, debe remitirlos”. De inmediato, el escrito cita a Javier Milei, quien en la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo declaró: “Es imposible que la Justicia cumpla su deber si funciona al 60 por ciento de su capacidad. Esperamos que la política no politice la aprobación de los pliegos”.
De hecho, fundamentan su reclamo en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen el derecho al debido proceso y a ser juzgado por un juez competente e imparcial. Incluso citan el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”.
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Por último, advierten que, de persistir la inacción del Ejecutivo, recurrirán a la vía judicial: “En el caso de que el Poder Ejecutivo siga incumpliendo su obligación constitucional presentaremos la demanda judicial que corresponde”.
El Colegio de Abogados cuestionó al juez que dictó la cautelar sobre los audios atribuidos a Karina Milei
El Colegio de Abogados de Buenos Aires rechazó la medida cautelar del juez Alejandro Maraniello, que prohibió la difusión de los audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, en la causa por la presunta compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A partir de un comunicado titulado «No a la censura«, sostuvo que la resolución “constituye un grave acto de censura previa, prohibido por la Constitución Nacional”.
Subraya que estas normas protegen uno de los pilares de la democracia constitucional: la libertad de expresión. Además, recuerda que la Corte Suprema de Justicia afirmó en reiteradas oportunidades que la libertad de expresión ocupa “un lugar preferente en el sistema republicano” y que cualquier limitación debe aplicarse de manera restrictiva.
Al respecto, el escrito aclara que no se trata de la difusión de aspectos estrictamente privados, sino de hechos vinculados a la vida pública y al funcionamiento institucional de la República. Según el Colegio: “Justamente por involucrar asuntos de interés político y estatal, resulta inadmisible cualquier intento de silenciar o controlar preventivamente la información, pues ello priva a la sociedad del derecho a ser informada”.
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El comunicado fue firmado por Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal; Rosalía Silvestre, presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Juan Pablo Zanetta, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
MV / Gi