La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Venezuela al millonario empresario hispano-venezolano Francisco Javier D’Agostino Casado, acusado por aquel país de participar en una presunta organización delictiva que causó un quebranto económico de 33 millones de euros a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Al empresario, radicado en Mallorca, se le acusaba de delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización delictiva, pero la Audiencia Nacional ha rechazado de plano la petición ya que no había «elementos esenciales» que certificaran su implicación en el entramado.
D’Agostino, que tiene numerosos negocios inmobiliarios y financieros y es cuñado de Luis Alfonso de Borbón -primo del rey-, fue detenido en enero de 2024 por las Fuerzas de Seguridad españolas tras haberse recibido una orden de la Interpol a requerimiento de Venezuela.
Tras su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, el 12 de mayo de 2024, se decretó su libertad provisional así como la retirada del pasaporte.
Dos meses después, el 30 de julio, la embajada de Venezuela en España envió una petición de extradición al Ministerio de Exteriores presentando la documentación relativa a sus órdenes de aprehensión por varios delitos que los Fiscales contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos de aquel país consideraban «terrorismo».
Según razonaban desde la Justicia venezolana, basándose en la investigación realizada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el detenido formaba parte de un grupo presuntamente delictivo que, como intermediario en el traslado y la comercialización de dos millones de barriles de crudo a China en el año 2021, habría dejado de pagar 33 millones de euros a una empresa, Arcos Services Ecuador, por la mitad de la mercancía. Esta a su vez habría dejado de abonar esa cantidad a Petróleos de Venezuela S.A.
Embarcaciones ficticias
Dentro de la trama, tal y como consta en las diligencias abiertas por la Justicia venezolana, se habrían usado embarcaciones ficticias, adulterado facturas y contratos internacionales y modificado el valor de venta real del producto. El papel del empresario al que Venezuela reclamaba era ser socio de una de las empresas pantalla que se habrían usado en el presunto engaño.
Dos murales en Caracas dedicados a la Venezuela petrolera y a Simón Bolivar y Hugo Chávez. / EFE
Tras el requerimiento de la Justicia venezolana, el Consejo de Ministros acordó, en diciembre de 2024, que se continuara con la vía judicial del procedimiento. El Ministerio Fiscal presentó un escrito negando la extradición ya que no se cumplía el delito de doble incriminación [que los delitos fueran análogos en ambos países] respecto el blanqueo de capitales, estafa agravada, tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y contrabando a los que se hacía referencia en la documentación extradicional.
Respecto del delito de blanqueo de capitales, señalaba la Fiscalía, tan sólo se describía en la documentación aportada una acción de apoderamiento de más de 30 millones de euros, pero no acciones de conversión o transmisión de los mismos para ocultar su origen ilícito. Con respecto del delito de estafa agravada, apreciaba el Ministerio Fiscal que en la documentación se atribuía a otro nombre, no al de D’Agostino.
En cuanto a los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente previstos y penados en los artículos 325 a 337 bis de nuestro Código Penal se exigía la concurrencia de daños, potenciales o reales, al medio ambiente, a lo que no se hacía referencia en momento alguno en la documentación extradicional.
Sin «elementos esenciales» para extraditarlo
Por último, tampoco quedaba constancia probatoria en la investigación venezolana que se hubiera llevado a cabo un delito de contrabando, que, según la Ley española, «consiste en importar o exportar productos o mercancías sin que pasen los controles establecidos en las aduanas».
De igual manera, la Fiscalía señaló que en la investigación de todas las operaciones presuntamente irregulares que se realizaron por parte de la trama no había «elementos esenciales» para justificar la presunta implicación del citado empresario.
Tras celebrarse la vista, la Sección Tercera de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional asumió la tesis de la Fiscalía en un auto fechado el pasado mayo al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO: «Esta falta en el relato de hechos de la orden de aprehensión de elementos esenciales para determinar cuál fue la conducta desplegada por el reclamado nos impiden poder afirmar, sin ningún género de duda, que participara en uno de los negocios jurídicos criminalizados y que cometiera conducta delictiva alguna».
«Sin pies ni cabeza»
En contacto telefónico con este periódico, el empresario considera que la petición de Venezuela «es una cosa absurda que nunca tuvo ni pies ni cabeza», sobre todo porque ninguna de las empresas en las que era accionista ha contratado «directa o indirectamente con Venezuela desde 2017».
«Es imposible que yo tuviera ninguna relación con el Gobierno de Venezuela porque yo vendí mis acciones de la última empresa que tenía relación con Venezuela a principios de 2017″, asegura D’Agostini, que precisa que no ha viajado a aquel país desde 2019. «Es un tema político. Yo tengo una hermana casada con un líder político de la oposición, Henry Ramos Allup. En Venezuela la justicia está politizada».
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