Nueva condena en una pieza separada del caso de los ERE. La Audiencia de Sevilla ha condenado a penas de 15 y 22 meses de prisión a dos beneficiarios de ayudas concedias por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que accedieron a estas prestaciones por su amistad con el ex director general de Empleo, el fallecido Javier Guerrero, y sin que estas pólizas «tuvieran relación alguna con un ERE ni con ninguna circunstancia referida a sus respectivas vidas laborales». En la misma sentencia han resultado absueltas otras tres personas: dos empleados de la consultora Vitalia y la hija de uno de los acusados.
La sentencia condena a Alejandro M.T. como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación. Le impone además de la pena de un año y diez meses de prisión cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. En concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con 333.027 euros. La condena está rebajada por la atenuante de dilaciones indebidas.
En cuanto al segundo acusado Rafael R.G. le condena por los mismos delitos aunque con las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. Por este motivo le condena a dos años de inhabilitación por malversación, otros dos por prevaricación y un año y tres meses de cárcel. Tendrá que indemnizar a la Junta de Andalucía con 91.196 euros, una cantidad de la que se detraerán los 54.880 euros que ya consignó en la cuenta del Juzgado de Instrucción y que serán reintegrados a la Junta.
Ambas personas, según la sentencia, accedieron a las ayudas por su amistad con el ex director general de Empleo Javier Guerrero: «Ordenó a favor de los mencionados pagos en formas de rentas con cargo a fondos públicos de la Junta a través de la suscripción de pólizas de rentas de supervivencia y de capital diferido en las que les hizo figurar como asegurados y beneficiarios».
Estos pagos los realizaban directamente las aseguradoras a los beneficiarios, a instancias de Guerrero. «Los acusados incorporaron a su patrimonio las cantidades desviadas sin motivo alguno que pudiera justificarlo conscientes de que carecían de un motivo o un derecho identificable para enriquecer los fondos públicos andaluces», recoge la sentencia que subraya que «carecían de un motivo o derecho identificable para obtener una ayuda pública y por tanto la única causa de tales percepciones económicas era la especial relación personal con el responsable de la Dirección de Trabajo». En total, la cuantía concedida en esta pieza separada que investiga estas ayudas irregulares asciende a 1.097.611 euros