Algo comienza a moverse en el aparente ‘impás’ del debate sobre el cierre o continuidad de la central nuclear de Almaraz. Las propietarias de la planta (Iberdrola, Endesa y Naturgy) estarían ultimando la solicitud al Ministerio de Transición Ecológica para la continuidad, al menos, hasta el año 2030. Pero insisten en que el Gobierno debe, primero, derogar la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado publicada el 6 de agosto del año 2020. En esa fecha el Ministerio plasmaba la renovación de la autorización de explotación de las dos unidades de la central de Almaraz con validez «hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I, y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II, qué serán las fechas de cese definitivo de explotación de estas Unidades».
El escenario geopolítico entra en el juego
A esa prescripción se atienen las propietarias de la central para que sea el Gobierno el primero que mueva ficha. La necesidad de contar con soberanía energética, ante la nueva situación geopolítica, puede empujar al Ejecutivo para alcanzar un acuerdo para la continuidad de Almaraz. Los dos reactores de la planta cacereña producen el 7% de la energía que se consume en España. La ventaja de la energía atómica es su garantía de estabilidad para el buen funcionamiento de la red eléctrica, similar a la que ofrecen la hidroeléctrica y el gas, frente a una mayor volatilidad de la eólica o la solar. El cierre de Almaraz dispararía la dependencia del gas que suministran tres países: Estados Unidos, Rusia y Argelia, alternativas poco alentadoras en un escenario político de inestabilidad. El uso del gas también incrementaría las emisiones cuando se apuesta por la descarbonización para luchar contra el cambio climático.
Imagen de archivo de la Central Nuclear de Almaraz (CNA). / Efe
Son algunas de las razones puestas sobre la mesa a la hora de argumentar a favor de alargar la vida de la central, siguiendo la estela de otros países que basan en la continuidad y en la expansión de la energía nuclear el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles y asegurar la estabilidad de precios. Actualmente, 416 reactores nucleares operativos en 32 países. Otros 62 están en construcción, dentro de una tendencia, de nuevo expansiva, que ha llevado a Europa a dar un giro de 180 grados en la reconsideración de la energía nuclear y los que defienden esa postura ponen como ejemplo el caso de Alemania, que sustituyó las centrales nucleares por gas que importaba de Rusia. La guerra de Ucrania ha obligado a reabrir plantas de carbón que ya estaban cerradas.
Impuestos y recibo de la luz
Las tres empresas dueñas de Almaraz mantienen otro frente abierto en la continuidad de Almaraz: consideran excesiva la carga fiscal que soportan, hasta el punto de que, afirman, lastran la competitividad de las instalaciones. La carga impositiva la aplica el Gobierno central, pero también las comunidades autónomas aplican su propia tasa.
La Junta de Extremadura acaba de anunciar que reducirá la carga fiscal un 50% si no hay cierre a partir de 2027. El Gobierno, por su parte, reclama de las eléctricas que el cambio del calendario no genere un coste excesivo ni para las empresas ni cargue demasiado al consumidor.
Paradójicamente, las propietarias de la planta sostienen que el recibo de la luz se incrementará si se produce el cierre, en porcentajes que cifran de entre el 23% y hasta el 35% para empresas y consumidores. Otra cuestión que se reclama por parte del estado, la seguridad frente a posibles incidentes, se rebate desde la planta con los sucesivos informes de calidad, que la sitúan entre las más seguras del mundo, y las continuas inspecciones del Consejo Nuclear de Seguridad.
El cierre o continuidad de Almaraz ha adquirido perspectiva nacional e internacional. Pero Extremadura pone el foco en una realidad más cercana: los 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos en una comarca, Campo Arañuelo, sobre la que otros inversores han puesto los ojos debido, precisamente, a la cercanía de una gran fuente de energía estable, necesaria, por ejemplo, para el funcionamiento de los Centros de Datos que aspiran a instalarse en la zona.
Mención aparte merece el supuesto «indulto» que Moncloa habría pactado con Cataluña sobre las plantas en territorio catalán, que, según el calendario, tendrían que dejar de operar dos años después de Almaraz.