El 3 de noviembre de 1995, a las 8.55, la primera de tres explosiones desencadenaba la tragedia en la ciudad cordobesa de Río Tercero que dejó siete muertos, más de 300 vecinos heridos y daños millonarios.
Las dos primeras detonaciones se produjeron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito expedición y suministros.
De esta forma, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando grandes daños.
Centenares de víctimas aún esperan el pago de las indemnizaciones por daños morales, psicológicos y materiales producidos en aquellas jornadas, establecidas a través de la ley 27.179, sancionada en 2015.
«Si la justicia llega después de mucho tiempo, ya no es justicia”, fue una de las últimas frases que dijo Ana Gritti, la abogada que se puso al hombro la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, el atentado perpetrado durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Entre los fallecidos estaba su esposo, Hoder Dalmasso.
«Fue un hecho de una gran gravedad en el que hubo responsabilidades políticas que todavía debemos determinar. Hubo una estructura de poder que estuvo detrás de esas explosiones y eso es lo que determinó la justicia», señaló en declaraciones a Télam el abogado querellante Horacio Viqueira, representante de las hijas de Gritti y Dalmasso.
La investigación
La investigación judicial, en base a testimonios de los empleados, estableció que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares, con el objetivo de «acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones».
Otra prueba de la intencionalidad que estableció la Justicia fue la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero, que no fue alcanzado por los proyectiles que volaron por el cielo de la ciudad.
A las 17 de ese día y mientras se sucedían las explosiones, Menem se hizo presente en Río Tercero y en una conferencia de prensa afirmó que el hecho era producto de «un accidente», que había que descartar el atentado e incluso les remarcó a los periodistas presentes: «Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra».
Sin embargo, años más tarde la justicia concluyó que se trató de un hecho destinado a encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia y 25 años después de esos hechos, Carlos Saúl Menem iba a ser juzgado en los tribunales federales de Córdoba para determinar si tuvo responsabilidad en ordenar la ejecución de esas explosiones. Ese juicio se postergó y Menem falleció en febrero del 2021, sin ser juzgado.
40D, Argentina en Democracia – Explosiones de Río Tercero (Bloque 1)
Causa judicial: en qué se avanzó
Se ha llegado a un acuerdo judicial entre el Estado nacional y los damnificados para el pago de las indemnizaciones previstas por la Ley 27.179 (aprobada en 2015).
El miércoles 14 de abril de 2025, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó una resolución para que se desclasifiquen los expedientes vinculados a la causa, lo cual forma parte de la demanda de transparencia de los afectados.
En los reportes más recientes se informa que el Gobierno nacional ya está “reordenando” los expedientes y que comenzó a computar los casos para el pago de indemnizaciones: por ejemplo, en octubre de 2025 decía que de 8.000 reclamos sólo se habían pagado 196 hasta ese momento.
EXPLOSIONES EN RIO TERCERO parte 1 en los 60 del 10
Lo que sigue pendiente
Aunque el acuerdo está, la implementación del pago aún presenta demoras: muchos damnificados aún no han cobrado.
Las causas penales vinculadas con la explosión están prácticamente cerradas en términos de los principales responsables: por ejemplo, el ex-presidente Carlos Saúl Menem murió antes de ser juzgado por esta causa, lo que dejó sin efecto esa parte de la acción penal.
Los afectados y representantes siguen reclamando que se cumpla el acuerdo, se clarifiquen los expedientes, se identifique totalmente a responsables y se traduzca en pagos reales.