A las 8.55 de la mañana del viernes 3 de noviembre de 1995, una explosión estremeció a la ciudad cordobesa de Río Tercero. En segundos, el cielo se cubrió de humo y una lluvia de proyectiles comenzó a caer sobre los barrios cercanos a la Fábrica Militar, un complejo industrial estatal donde se producían municiones y explosivos. Nadie en la ciudad olvidará ese momento: las detonaciones se repitieron durante casi dos horas, provocando incendios, derrumbes y una escena que los sobrevivientes aún describen como “una guerra”.
Las tres explosiones principales lanzaron al aire miles de proyectiles, entre ellos obuses y granadas que impactaron sobre viviendas, escuelas y automóviles. Las ondas expansivas rompieron vidrios a más de cinco kilómetros del epicentro y generaron una sensación de terror generalizado. Muchos vecinos huyeron sin saber adónde ir, mientras otros se refugiaban en sótanos o detrás de muros. La ciudad de 40 mil habitantes quedó cubierta de humo, sirenas y gritos.
El saldo fue trágico: siete personas murieron —todas civiles—, más de 300 resultaron heridas y cerca de 15 mil viviendas sufrieron daños parciales o totales. Las pérdidas materiales fueron millonarias y el impacto psicológico duró años. Río Tercero cambió para siempre: escuelas destruidas, familias que perdieron todo y una comunidad que aún hoy revive el trauma cada 3 de noviembre.
Durante las primeras horas, las autoridades atribuyeron el desastre a un accidente industrial. Se habló de una “reacción en cadena” o de un “error operativo”. Sin embargo, las pericias y los testimonios posteriores desmintieron esa versión. Los investigadores concluyeron que la explosión fue provocada deliberadamente para destruir evidencias de un contrabando de armas destinado a Ecuador y Croacia, operaciones ilegales que se desarrollaban durante el gobierno de Carlos Menem en violación de los embargos internacionales.
Los peritos demostraron que los tambores con explosivos no podrían haber detonado de manera espontánea, sino que alguien los activó manualmente. También se comprobó que las áreas más afectadas eran las mismas donde se almacenaban municiones vinculadas a los envíos clandestinos. La hipótesis del encubrimiento tomó fuerza y se transformó en la base de una de las causas judiciales más extensas y controvertidas de la historia argentina reciente.
Recién en 2014, casi veinte años después del hecho, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a cuatro exdirectivos de Fabricaciones Militares por “estrago doloso agravado por la muerte de personas”. Entre ellos estaban el entonces director de la planta, Edberto González de la Vega, y otros funcionarios responsables de la seguridad y logística del establecimiento.
Las familias de las víctimas celebraron el fallo, pero aún reclaman que los responsables políticos más altos nunca fueron juzgados. Para los habitantes de Río Tercero, la sensación de impunidad persiste, y cada aniversario se convierte en un acto de memoria y reclamo.
Treinta años después, la ciudad mantiene viva la herida. Las viviendas destruidas se reconstruyeron, pero muchas personas todavía arrastran secuelas físicas y emocionales. En cada conmemoración, los sobrevivientes y familiares vuelven a reunirse frente a la fábrica para recordar a quienes perdieron la vida y exigir que nunca más se repita algo semejante.
La explosión de Río Tercero no fue solo una tragedia local: fue un símbolo de corrupción estatal, impunidad y desidia institucional. Tres décadas después, el país sigue preguntándose cómo fue posible que un encubrimiento político terminara en semejante destrucción. Y aunque el tiempo pasó, la memoria colectiva insiste: lo que ocurrió aquel 3 de noviembre de 1995 fue una herida abierta que todavía busca justicia.