El Gobierno nacional avanza en un proyecto que busca reemplazar la asistencia directa por un sistema de vouchers laborales, un nuevo esquema que promete formación, pero aún carece de garantías sobre empleo real, financiamiento y alcance federal.
La idea de la Administración Milei es transformar los planes sociales en un sistema de vouchers destinados a financiar capacitaciones laborales, a través de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, y que busca reemplazar las transferencias monetarias por instancias de formación en empresas y centros educativos.
Desde la cartera explicaron que el objetivo es reconvertir los programas Volver al Trabajo (VAT) y Acompañamiento Social (PAS) en políticas activas que fortalezcan habilidades laborales. “Queremos que la gente se capacite en oficios útiles para cada región del país”, señalaron fuentes oficiales.
Prueba piloto en un centro de formación laboral
La propuesta comenzará con una prueba piloto en el Centro de Formación de Capital Humano, con cursos certificados en oficios y formación docente. Las capacitaciones deberán cumplir con criterios técnicos y estándares de calidad.
La ministra Pettovello mantuvo conversaciones con empresas como Sinteplast y Arcos Dorados (McDonald’s), interesadas en sumarse al esquema. En el coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata, empresarios manifestaron disposición para ofrecer formación en sus plantas. El Estado aportaría infraestructura y manutención, mientras que las empresas cubrirían contenidos y materiales.
La reforma comenzó en 2024, cuando se dividió el programa Potenciar Trabajo —que alcanzaba a más de 1,3 millones de personas— en dos subprogramas. El Gobierno sostiene que el nuevo modelo busca “dar herramientas concretas para la inserción laboral”, aunque admite que solo un 10% de los inscriptos podría acceder a empleo formal en el corto plazo.
Organizaciones sociales en alerta
Organizaciones sociales agrupadas en la UTEP realizaron protestas frente al Ministerio para reclamar la actualización de haberes congelados en $78.000 y el pago de un bono de emergencia. “No se puede congelar ingresos mientras la inflación sube”, expresó Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.
Pese a las críticas, el Ejecutivo ratificó el rumbo. Pettovello defendió la reconversión como una “política de autonomía”, orientada a reducir la dependencia de intermediarios sociales.
Finalmente y según publicó el portal El Argentino, la ministra planea extender el modelo a provincias y municipios antes de fin de año. El desafío será definir la financiación de materiales y la acreditación de los cursos, ya que las empresas cubrirían solo parte de los costos.