Varias comunidades autónomas han puesto este jueves, cuarta jornada de la huelga nacional de médicos, el impacto de los paros en la actividad asistencial. Un impacto «notable» ha resumido el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que ve «complicado» recuperar en tres semanas -hasta la próxima huelga, prevista para la semana del del 16 al 20 de marzo– la actividad asistencial perdida. Desde las autonomías del PP han pedido a Mónica García, ministra de Sanidad, que se siente a negociar en busca de una salida. Madrid ya ha cifrado en casi 2 millones de euros el valor económico de estas tres primeras jornadas.
Con los datos oficiales facilitados por las comunidades el seguimiento de los paros no está siendo alto. En Castilla y León, por ejemplo, ha sido del 18,6 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud, en el turno de mañana. En Galicia, la tasa de incidencia global alcanza el 19%, un punto porcentual más que este miércoles; en Murcia del 17,72%; en Canarias y País Vasco, del 16%, en Aragón del 12,41% o en Extremadura, del 23,91%.
Las cifras varían si llegan desde los sindicatos. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha lo estiman entre el 70 y el 80 % y en Murcia, CESM, que forma parte del Comité de Huelga, ha cifrado en un 65% la cobertura en los hospitales y en un 30% en el caso de los centros de Atención Primaria.
Pruebas suspendidas
Pero, pese a los porcentajes más o menos moderados si se habla de seguimiento, las comunidades ya ponen sobre la mesa el impacto que está teniendo en la actividad sanitaria. Castilla y León informa que se han cancelado un total de 224 intervenciones quirúrgicas, 665 pruebas diagnósticas y 4.418 consultas externas programadas en los hospitales en el turno de mañana.
«Somos conscientes de que recuperar en las tres semanas de actividad de cada mes lo que se ha perdido en una de las semanas es complicado porque nos exige hacer lo que ya estaba previsto más recuperar cada semana de cada mes», aseguran desde esta comunidad. También se quejan desde Galicia: unas 25.000 actuaciones sanitarias se han visto suspendidas a punto de cumplirse la primera semana de paro.
Pérdidas económicas
En Madrid, la Consejería de Sanidad también ha tirado de cifras. Las tres primeras jornadas de la huelga han tenido el siguiente impacto en la sanidad pública regional: en los servicios hospitalarios, se han registrado 24.216 cancelaciones de consultas externas, y la suspensión de 1.405 intervenciones quirúrgicas y de 3.025 pruebas diagnósticas. Por su parte, en Atención Primaria, la repercusión ha sido la cancelación de 8.713 citas. La comunidad cifra en casi dos millones de euros el impacto económico entre los dos niveles asistenciales.
El Servicio Murciano de Salud (SMS), por su lado, se ha visto «obligado» a suspender más de 7.500 consultas en los hospitales y más de 1.500 pruebas diagnósticas. En el País Vasco, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha señalado que el impacto acumulado en los dos primeros días supone la cancelación de 10.391 consultas de atención primaria, de 2.752 consultas de pediatría, 569 cirugías, 10.221 consultas con especialistas y 6.156 pruebas diagnósticas. En la Comunidad Valenciana, el paro ha obligado a cancelar un total de 32.000 actos asistenciales.
Martínez ha añadido que si se extrapolan estos datos a toda la semana, la estimación es que se llegarían a cancelar 26.000 consultas de Primaria, 6.880 consultas de pediatría, 1.492 cirugías, 25.552 consultas de especialistas y 15.390 pruebas diagnósticas.
El origen del conflicto, el rechazo al borrador del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. Los convocantes de los paros, a los que están llamados más de 175.000 médicos de la sanidad pública, reclaman un texto propio en el que se reconozca la peculiaridad del colectivo. Esta primera semana de huelga nacional se extenderá hasta el viernes 20 de febrero y, después, seguirá una semana de paro al mes hasta junio.
Buscar soluciones
Ante esta situación y el impacto que los paros van a tener en la actividad asistencial, varias comunidades, en su mayoría gobernadas por el PP, han urgido al departamento que dirige Mónica García a buscar salidas. Consideran que la mejor solución es que Sanidad abra cauces de diálogo con los profesionales con el fin de «negociar». Algo que, por el momento, parece poco probable.
Hay que recordar que la ministra de Sanidad, Mónica García, firmaba el 26 de enero con los sindicatos mayoritarios el acuerdo para la aprobación de un nuevo Estatuto Marco, con nuevos derechos y mejores condiciones laborales para los profesionales sanitarios. El acuerdo ha sido rubricado por CCOO, UGT, CSIF y el sindicato de enfermería SATSE, pero no por los sindicatos que representan exclusivamente a los médicos, que lo rechazan.
Este mismo jueves, el Comité Ejecutivo Estatal de SATSE ha acordado iniciar contactos con los partidos en el Congreso de los Diputados para aclarar el «verdadero contenido» del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco y evitar, según denuncian, la difusión de «falsedades e inexactitudes» que podrían frenar su aprobación.
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