Las grandes eléctricas ya han dado el primer gran paso para que el Gobierno acepte revisar el calendario previsto de cierres de las centrales nucleares. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la central nuclear de Almaraz, presentaron al Ejecutivo a finales de octubre la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está programado que se desconecten en 2027 y en 2028. Pero la intención de las compañías -al menos de Iberdrola y de Endesa- es no conformarse sólo con ‘salvar’ la planta cacereña y solicitar en el futuro la ampliación también del resto de centrales nucleares.
“Hemos pedido ampliar Almaraz y vamos a pedir la ampliación de otras centrales nucleares”, anticipó este miércoles el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en un encuentro con analistas con motivo de la presentación de las cuentas anuales del grupo. “La mayor parte de las centrales pueden llegar a los 60 o incluso a los 80 años”, subrayó. El calendario pactado hace un lustro por las eléctricas y el Gobierno contempla el cierre escalonado de todas las plantas entre 2027 y 2035, lo que implicaría que las centrales españolas habrían funcionado de media 46,5 años desde su construcción.
El máximo ejecutivo de Iberdrola defiende que las centrales nucleares, en España y en otros países, son “necesarias, eficientes y seguras” y considera que sirven para conseguir precios de la electricidad más bajos, y por eso reclama mantenerlas en funcionamiento. Un posicionamiento en el que coincide también con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que esta semana volvió a hacer una defensa explícita de la prolongación de la vida de las centrales nucleares españolas.
“10 años más en números redondos”
El directivo de Endesa defendió que la vida útil de las centrales nucleares debería alargarse «en números redondos unos 10 años más» para todo el parque atómico existente, yendo así más allá de la petición ya presentada por las eléctricas propietarias para la central extremeña de Almaraz. Bogas insistió en que tiene «todo el sentido» alargar la vida útil de las nuclear por razones técnicas, medioambientales y económicas.
Según el criterio de Endesa, desde el punto de vista técnico sería mejor ampliar las nucleares porque el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) está mostrando «un retraso muy importante» en el desarrollo de tecnologías como el almacenamiento (baterías) y eso haría conveniente mantener plantas capaces de dar robustez a la red eléctrica; en el plano medioambiental, porque cerrar la nuclear supondría un mayor uso de generación eléctrica con centrales de gas, con más emisiones de CO2; y por razones económicas, porque según sus cálculos cada 1.000 megavatios (MW) de potencia nuclear reducen entre 1,5 y 2 euro por megavatio hora el precio de la energía, y prolongar el parque nuclear permitiría ahorrar 3.000 millones de euros
Decisiones por unanimidad de las eléctricas
Endesa e Iberdrola son las dos grandes propietarias de las centrales nucleares en España. Las dos compañías eléctricas son socias y comparten accionariado en casi todas las plantas. Las participaciones accionariales mayoritarias son cambiantes en cada central: las tiene una u otra compañía en según qué instalación. Al final, el peso de ambos grupos en el negocio nuclear en el mercado español es similar.
En paralelo, Naturgy y EDP cuentan con participaciones minoritarias en algunas plantas. Pero las decisiones estratégicas de las centrales nucleares han de tomarse por unanimidad, con independencia del peso accionarial de cada socio, por las obligaciones legales de la figura de las agrupaciones de interés económico (AIE), que es el tipo de entidad que se utiliza para gestionar los reactores en España. Naturgy ha defendido públicamente sólo prolongar hasta 2030 la central de Almaraz y aprovechar ese tiempo para echar cuentas y valorar si es necesario prolongar el resto de plantas. EDP es la compañía que menos proclive se ha mostrado con pospone el cierre nuclear.
Desde el sector léctrico se defiende que un aplazamiento de la clausura de Almaraz, aunque sea sólo hasta 2030, desataría un ‘efecto dominó’ en todo el parque nuclear nacional que obligaría a reordenar el cierre del resto de centrales nucleares para no solapar los trabajos de desmantelamiento. Las compañías eléctricas dan por hecho que atrasar hasta 2030 el fin de los dos reactores Almaraz forzará a aplazar los cierres de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia) para que no coincidan el inicio del desmantelamiento y todas las fases posteriores de cuatro reactores simultáneamente. Y lsi se posterga la clausura de estos dos reactores, también debería aplazarse la de Ascó II, programada para 2032. Los dos últimos cierres, los de Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) ahora están previstos para 2035.
El Gobierno avisa
La decisión final sobre la prolongación de Almaraz corresponderá al Gobierno. Y de momento el Ejecutivo avisa de que su hoja de ruta sigue pasando por el cierre escalonado de las centrales. “Hemos pactado con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea”, advirtió a las eléctricas hace unas semanas el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Ejecutivo las grandes eléctricas que para estudiar sus peticiones de prolongación de la vida de sus centrales nucleares han de cumplir tres líneas rojas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica (lo que determinará el Consejo de Seguridad Nuclear); que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico (lo dirá Red Eléctrica de España); y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores en el recibo de la luz ni para los contribuyentes a través de rebajas de impuestos a las compañías eléctricas.
Iberdrola, Endesa y Naturgy entienden que su petición para Almaraz cumple con las exigencias del Gobierno plenamente. Las eléctricas buscan allanar el ‘sí’ del Ejecutivo aparcando, al menos de momento, su petición de una rebaja de impuestos a las nucleares para seguir operándolas. En paralelo, se ha abierto una guerra de informes desde posiciones ‘pronucleares’ y ‘antinucleares’ que llegan a conclusiones contrarias sobre si la eventual ampliación de la central Almaraz supondrá a la larga una rebaja del precio de la electricidad o si, en cambio, provocará un encarecimiento por frenar el despliegue de las renovables. En este último caso, el Gobierno podría entender que retrasar el cierre de la planta incumpliría la ‘línea roja’ económica que ha marcado para aprobar la prórroga.
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