La digitalización ha venido para quedarse como medida para evitar el papeleo y los desplazamientos a la hora de solicitar una ayuda o gestionar un pago. En el caso de la administración andaluza, ha supuesto además un ahorro energético que se traduce en números.
En 2025, las medidas puestas en marcha para reducir burocracia, digitalizar trámites y facilitar la actividad económica y el cuidado del medio ambiente han supuesto 28,4 millones de documentos sustituidos por equivalentes electrónicos, un ahorro estimado de más de 85 millones de páginas y la preservación de más de 10.000 árboles. Y se han evitado más de 262 millones de kilómetros en desplazamientos, un ahorro de más de 39 millones de kilos de CO2, según los datos aportados por la Junta de Andalucía.
En el caso de los autónomos, los procedimientos automatizados han supuesto un acortamiento de los plazos de hasta el 50%, lo que ha permitido tramitar un mayor número de expedientes, hasta los 115.910.
850 medidas de simplificación administrativa
Según los datos de la administración andaluza, entre 2019 y finales de 2025 se han implantado en Andalucía más de 850 medidas de simplificación administrativa, con un impacto en más de 5,4 millones de expedientes (5.441.935 expedientes, en concreto).
Para la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, la prioridad del Gobierno andaluz es que “la Administración deje de ser un obstáculo y se convierta en un aliado para quienes quieren emprender, invertir o crear empleo en Andalucía”.
Algunos de los avances acometidos
Entre las medidas adoptadas, se encuentra la aprobación de un único modelo de carta de pago electrónico para tasas, así como la agilización de los procedimientos para contratos de menos de 5.000 euros: «basta con contar con una factura y confirmar el cumplimiento del servicio o la entrega del producto». Desde julio de 2024 se han tramitado 1.460.510 contratos así.
Por su parte, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha facilitado a los usuarios el control de sus datos, la primera inscripción como demandante de empleo o su inscripción a ofertas de empleo de forma telemática. Eso ha posibilitado, según la Junta, 1,2 millones de modificaciones telemáticas de la demanda durante 2025.
Igualmente, se ha establecido un procedimiento más ágil para el pago del bono social térmico (por valor de 41 millones de euros a más de 277.000 personas beneficiarias) y resolver procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad: 80.875 resoluciones emitidas en 2025, 77.849 en 2024; y 66.314 en 2023. En total, 225.038 emitidas.
Contratación pública
En cuanto a contratación pública, se ha sustituido la obligación de que las empresas entregaran por adelantado una garantía económica por la opción de que se les retenga, si lo eligen, una parte del pago en la factura. Sólo entre febrero de 2024 y junio de 2025 el 88% de las licitaciones contaron con esta opción habilitada.
Por otra parte, se ha creado la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAU), cuyo plazo máximo de resolución es de 5 meses, frente a los 8 que conllevaba la Autorización Ambiental.
En Patrimonio Histórico se han eliminado procedimientos duplicados y permitido que algunas autorizaciones se sustituyan por declaraciones responsables. Algo similar ocurre en las actividades arqueológicas, donde se ha optado por la presentación de declaraciones responsables en vez de por solicitar una autorización previa.
En sectores como el energético se ha facilitado la simplificación administrativa para la tramitación de instalaciones de sistemas que generen electricidad en domicilios o negocios (ahora se pueden instalar en suelo urbano placas fotovoltaicas de hasta 500 KV de potencia).
Para España, “la simplificación administrativa es una de las reformas estructurales más importantes que se han impulsado en Andalucía”, puesto que “quitar trabas, reducir burocracia y digitalizar procesos significa facilitar la inversión, apoyar a nuestras pymes y hacer que Andalucía sea cada vez más competitiva”.