A menos de una semana después de la nueva ola de violencia que azotó a Cali y Antioquia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro informó que 34 militares fueron capturados por las llamadas disidencias de las FARC en Guaviare, a unos 400 kilómetros de Bogotá. Las facciones de esa guerrilla que no suscribieron el acuerdo de paz con el Estado colombiano en 2016 se han convertido en un problema mayúsculo para el Ejecutivo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que la facción que lidera alias Iván Mordisco exige que el Ejército entregue los cuerpos de «disidentes» muertos como condición para liberar a los uniformados.
De acuerdo con la cartera de Defensa, desde el pasado domingo tienen lugar combates entre el Ejército y esa remanencia de las FARC en esa región. Las autoridades anunciaron el deceso de 10 supuestos miembros del grupo armado.
La captura de los integrantes del Ejército, dijo Sánchez, no solo atenta «contra la libertad de nuestros hombres y sus derechos humanos» sino que obstaculiza «el cumplimiento de una misión constitucional para proteger a la población civil de los criminales».
Los enfrentamientos en zonas rurales de Guaviare forman parte de una política de Petro tendiente a neutralizar a las disidencias, calificadas de organizaciones terroristas al igual que las bandas de narcotraficantes.
El pasado 22 de agosto, el presidente había anunciado la captura de Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis, un hermano de Mordisco encargado de manejar distinto tipo de actividades ilícitas. Mordisco, señaló al respecto el ministerio de Defensa, «cada vez se derrumba más». La «neutralización» de otras columnas armadas «confirman que estamos avanzando en desarticular por completo su grupo criminal».
Las disidencias, en todas sus vertientes, suelen operar cerca de la frontera venezolana. El Gobierno de Nicolás Maduro acaba de militarizarla.