La declaración ante el juez de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, fue agitada por Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control en el Congreso para incluirla entre una retahíla de causas judiciales por las que debería dimitir Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo evitó entrar en este marco para responder que “sé lo que pretende” y “no nos va a provocar”. En privado, fuentes de Moncloa dejan de lado esta contención y vuelven a agitar la guerra sucia judicial. “Los motivos por los que se intenta perseguir a la mujer del presidente del Gobierno son políticos”, zanjan.
Desde esta perspectiva por la que ni siquiera reiteran su defensa de la inocencia de Begoña Gómez dicen mostrarse “absolutamente tranquilos” por su declaración. La esposa del presidente del Gobierno declaró por un presunto delito de malversación relacionado con la labor de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Tras desgranar las funciones de su colaboradora llegó a admitir que en algún momento su asesora le pudo hacer algún “favor” por su relación de amistad.
En el Ejecutivo cuestionan por completo esta nueva imputación del juez Juan Carlos Peinado para señalar que declararía por un delito que ni siquiera estaría en sus manos cometer. Esto es, por la contratación de alguien que ella no puede contratar.
Pese a la tranquilidad que se trata de mostrar sobre este procedimiento, desde el mantra que el tiempo “acabará poniendo las cosas en su sitio”, algunos miembros del Gobierno sí muestran sus dudas sobre el desenlace. “Debería acabar en nada, pero esta es ya la cuarta derivada por la que vamos”, explican respecto a un caso que en ocasiones han tildado como una investigación prospectiva, prohibida por la legislación española. De ahí que se asuma con resignación una cierta voluntad de estirar la causa para supuestamente perjudicar políticamente al Gobierno y ofrecer munición a la oposición.
Se trata de la cuarta ocasión en la que Peinado cita a la mujer de Pedro Sánchez, a la que investiga desde abril de 2024 por varios delitos que han ido aumentando desde la imputación inicial de tráfico de influencias y corrupción en los negocios al intrusismo y la apropiación indebida del software creado para la cátedra hasta incluir la malversación relacionada con la actividad de su asistente.
“Confianza” en el Supremo
Las críticas directas contra Peinado, después de que Sánchez abriese la espita de que ciertos jueces “están haciendo política”, contrastan con las valoraciones más comedidas con el juez del caso contra el fiscal general. En el Gobierno muestran así “plena confianza” tanto en Álvaro García Ortiz como en el procedimiento. Contrastan así sus alabanzas a la independencia y seriedad del Supremo en contraste con el magistrado que juzga a la esposa del presidente del Gobierno.
Sobre lo que no escondieron su sorpresa en privado varios ministros socialistas es sobre la fianza, fijada en 150.000 euros. Una cantidad que algunos tildan de «inusual» y otros como un mensaje que denota una «batalla», pero descartando que esta decisión vaya a condicionar el proceso. Con todo, en el Gobierno se sigue deslizando la contrariedad porque deba sentarse en el banquillo alguien «por decir la verdad».
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