El Gobierno fijará el número mínimo de profesores especialistas que deben tener las escuelas para apoyar al alumnado con necesidades educativas especiales, estudiantes que tienen discapacidad física, intelectual o sensorial o trastornos severos, como autismo. No estarán incluidos los vulnerables económicamente y los que tienen alguna dificultad de aprendizaje como la dislexia. El número de especialistas en las aulas está, en la actualidad, decretado por la comunidad autónoma. Cuando el nuevo proyecto legislativo que está preparando el Ministerio de Educación entre en vigor, será el Gobierno el que decrete el número mínimo de docentes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje (PT y AL). A partir de ahí, cada territorio podrá ampliarlo.
Así lo recoge el proyecto de ley que el departamento que dirige Pilar Alegría está pactando con los sindicatos de la enseñanza en el marco de la reforma de la profesión docente. “La redacción sobre la presencia de los especialistas en las aulas es un poco ambigua, esperamos que el Gobierno, en los próximos borradores, lo especifique para que no haya lugar a dudas. Que el ministerio sea el que decrete el número mínimo a nivel estatal es un gran avance porque, hasta ahora, los apoyos educativos están regulados de manera desigual en función de la comunidad autónoma donde esté ubicado el colegio”, explica a El Periódico el secretario de docentes de la educación pública no universitaria de CCOO, Héctor Adsuar López, tras asistir, junto a los representantes de CSIF, UGT y otras centrales, a la reunión con el ministerio, celebrada este jueves en Madrid.
En España, el alumnado con necesidades especiales educativas casi se ha duplicado en los últimos seis años (ha aumentado el 75,2%) hasta alcanzar el millón de estudiantes. Cubrir el apoyo que necesitan y conseguir una «verdadera educación inclusiva» implica, según un reciente informe de CCOO, una inversión por parte de todas las administraciones educativas de 5.126 millones de euros.
Según el proyecto de ley, los especialistas de PT y AL apoyarán a los alumnos con necesidades educativas especiales, entre los que no estarán incluidos los chavales más vulnerables económicamente o los que tienen dificultades del aprendizaje, como la dislexia.
Bajada de ratios
El proyecto legislativo del Gobierno (que, de momento, no pasa de simple borrador) incluye una reducción de ratios, una de las grandes reivindicaciones de los profesionales de la enseñanza. Las clases de educación primaria tendrán, como máximo, 22 alumnos (frente a los 25 actuales) y las de ESO y bachillerato, 25 (frente a los 30 actuales). Para el recuento de estudiantes, los alumnos con necesidades educativas especiales (no así los vulnerables económicamente o los que tienen dificultades de aprendizaje) contarán como dos, un extremo que entrará en vigor el próximo curso una vez se apruebe en el Parlamento español la norma. La bajada de ratios generalizada se aplicará de forma gradual en 2027 y no estará completamente implementada hasta 2031.
En algunos casos, la bajada de ratios supondrá convertir una clase en dos. El anteproyecto de ley especifica que si un colegio, por cuestiones de espacio físico, no es capaz de llevarlo a la práctica contará con una dotación adicional de profesorado.
El texto no incluye, sin embargo, la bajada de ratios en FP, que ahora mismo está en 20 (grado básico) y 25 (medio) a pesar de que los docentes reclaman 15 para la básica y 20 para el grado medio.
Horas lectivas
La iniciativa del ministerio también da el visto bueno a otra de las peticiones de la comunidad educativa: la bajada de las horas lectivas. El anteproyecto de ley incluye que el horario de docencia no pase de 23 horas e infantil, primaria y educación especial mientras que en el resto de enseñanza no universitaria sea de 18 horas. La bajada de horas lectivas se aplicará también a partir del curso que viene. Ese tiempo se refiere exclusivamente al de la docencia en el aula dado que el horario real de maestros y profesores es más amplio (37,5 horas) e incluye más actividades.
La próxima reunión entre el ministerio y las centrales, que no tiene aún fecha fijada, ya será mesa sectorial y no grupo de trabajo, cuyas reuniones no son vinculantes. Una vez que el texto tenga el visto bueno del Consejo de Ministros y de otras instituciones, pasará al Congreso y el Senado para su aprobación definitiva y entrada en vigor.
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