Las reuniones que la exmilitante socialista Leire Díez protagonizó con distintas personas para tratar de desprestigiar a jueces y fiscales o al número dos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el teniente coronel Antonio Balas, cuentan con un denominador común: la, al menos, apariencia de que cuando ella hablaba lo hacía «en nombre de altas instancias del Estado», como expone el ministerio público en escritos presentados en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.
Su titular, el juez Arturo Zamarriego ha concentrado las declaraciones de la causa en noviembre. El día 11 están citados la propia Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, ambos como imputados, pero también varios testigos, como Jacobo Teijelo -uno de los abogados del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en cuyo nombre decía hablar la exmilitante socialista-, y el comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba.
Estos son los encuentros que según el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, mantuvo Leire Díez para presuntamente recabar información para atacar a quienes investigan causas que afectan al PSOE o procedimientos catalanes. El que se hayan hecho públicos ha provocado su imputación, de momento, por los delitos tráfico de influencias y cohecho:
El escándalo surgió al publicar El Confidencial la grabación del encuentro que en febrero pasado mantuvieron Díez, Pérez Dolset y Teijelo, con Alejandro Hamlyn, acusado por un presunto delito de fraude de hidrocarburos. La denunciada le ofreció «un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas», resume el magistrado en la resolución en el que imputa a la exmilitante socialista.
Durante la reunión, Leire Díez manifestó: “Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él”. Añadía que “desmontando eso, se desmontan muchas otras cosas”.
Además del teniente coronel Balas otro de los objetivos de la presunta trama creada en torno a Leire Díez es el fiscal Anticorrupción José Grinda, al que, además, de insultar de forma recurrente en la comisión de investigación de la ‘Operación Cataluña’ del Congreso, intentaron sobornar. El pasado 27 de febrero, según denunció ese mismo día él mismo, se reunió con su «amigo» el periodista Pere Rusiñol, imputado en la causa.
En el encuentro le dio una nota en la que se afirmaba que «había pedido protección» y le ofrecían «un destino en el extranjero» y liberarle de una demanda personal a cambio de entregar «secretos» de su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón, «acreditativos de actuaciones delictivas del mismo», y proceder a archivar causas relacionadas con Catalunya, como la del caso 3% o la relativa a la familia del expresidente catalán Jordi Pujol, de la que ni siquiera es el fiscal. Su denuncia dio origen a unas diligencias preprocesales en la fiscalía que se han terminado acumulando al procedimiento abierto contra Leire Díez, al ser la persona que se consideró detrás del mensaje.
El también fiscal Ignacio Stampa se ‘saltó’ a su jefa, la fiscal jefa provincial de Madrid, para relatar a la fiscal Superior, Almudena Lastra, su encuentro. «El día 30 de abril una persona de mi confianza me trasladó el interés del Gobierno de la Nación en contactar conmigo con el fin de disculparse, al entender que se me dispensó un comportamiento injusto con ocasión de mi salida de la Fiscalía Anticorrupción en el mes de octubre de 2020″, afirma.
Le dijeron que la reunión sería con Pérez Dolset y con Cerdán, pero finalmente la que acudió en lugar del entonces diputado socialista fue Leire Díez. Durante el encuentro, del que, a preguntas suyas, le informaron de que darían cuenta tanto al político navarro ahora preso, como al presidente del Gobierno, le consideraron una «víctima» más de una supuesta trama contra el PSOE y dirigieron sus críticas contra el que era juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, y el que había sido su jefe en Anticorrupción.
La excargo socialista también se reunió con Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont. Fue a partir del verano 2024, para recabar información sobre los mandos policiales implicados en la llamada ‘Operación Cataluña’ y, según avanzó El Independiente, para pedirle que Junts rebajara la tensión frente al Gobierno.
Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, tanto Junts como el diputado del PSOE Manuel Arribas Maroto, considerado cercano a Santos Cerdán, centraron sus sospechas en la Comisión que se desarrolla en el Congreso sobre la ‘Operación Cataluña’ sobre la actuación del fiscal José Grinda, a quien relacionan con la persecución durante el Gobierno del PP a políticos independentistas catalanes.
De hecho, en su declaración como testigo, el fiscal Grinda explicó que recurrió tanto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con quien se reunió junto a la fiscal jefa de la Inspección Fiscal de Fiscalía General, Antonia Sanz, para tratar de comparecer en el Congreso y defenderse de los ataques que recibía de Junts y del PSOE. También recurrió sin éxito al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Se da la circunstancia de que el fiscal Grinda es el responsable de la imputación del empresario Javier Pérez Dolset por un delito de fraude de subvenciones al grupo tecnológico Zed Worldwide. De forma reciente Leire Díez ha vuelto a denunciarle ante la Fiscalía General del Estado.
También Díez se reunió con el exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. El Mundo apunta a que el encuentro tuvo lugar en el despacho del antiguo abogado del primero en Madrid a petición de Díez. También explica que la exmilitante socialista le dijo que actuaba “en nombre del partido”, por encargo de Santos Cerdán, y le habría ofrecido su colaboración para neutralizar las actuaciones del caso Koldo relativas a lo que ella llamó una operación política de unos investigadores politizados.
En el sumario del caso Leire Díez se incluye otra información periodística en la que se alude al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, a quien supuestamente la excargo del PSOE habría ofrecido protección judicial y rehabilitarle a cambio de información sensible para invalidar las causas judiciales que afectan al partido.
El artículo alude al menos a dos encuentros que se habrían celebrado los días 10 y 26 de marzo. Las notas del encuentro elaboradas por Villalba señalan que Díez insistió en la necesidad de obtener informaciones para «desmontar la Guardia Civil» y «echar por tierra las causas judiciales”, al mismo tiempo que dijo que pretendía «invalidar por todos los medios el proceso judicial» que ha supuesto la imputación de dos secretarios de Organización socialistas.
Joaquín Parra, expresidente del Club Deportivo Badajoz, relató en Telecinco que Díez le ofreció ayuda con su causa judicial -en la que enfrenta acusaciones por un presunto fraude de IVA en una trama de hidrocarburos- a cambio de información sobre la jueza Beatriz Biedma, quien ha instruido el caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón.
Según la denuncia de Hazte Oír, en el ámbito de Badajoz también se han llevado a cabo acciones dirigidas a «obtener y divulgar informaciones para desprestigiar a los profesionales que intervienen en las distintas causas judiciales que afectan al PSOE». «Consta un audio remitido por el abogado Luis José Sáenz de Tejada a Leire Díez», en el que se alude a que le habría «enviado documentación de la denuncia que iba a presentar contra diversos jueces con el fin de perjudicarles, entre ellos Beatriz Biedma», completa la denuncia, a la que ha tenido acceso esta redacción.
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