El 15 de febrero de 2025 el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, comunicaba a la prensa que un alcalde del partido opositor Un Nuevo Tiempo había sido detenido por vender armas a unos supuestos mercenarios a los que acusaba de tramar una trama golpista para acabar con el Gobierno de Nicolás Maduro. El hombre que defiende con brazo de hierro a la dictadura bolivariana se refería a Nervins Sarcos, primer edil del municipio de Colón, en el estado de Zulia, a quien la Fiscalía de Venezuela acusaba de integrar un grupo delincuencial que vendía armas a paramilitares.
Pero el acta policial al que ha tenido acceso este periódico, elaborado por el Grupo de Operaciones Estratégicas, la Policía chavista, evidencia que los agentes dirigidos por Cabello señalaron entre los integrantes de la organización de opositores que habían desmantelado a Marcos Javier A. B, un ciudadano que había sido sorprendido supuestamente en posesión de «varias armas de fuego (pistolas)», que habría obtenido «en la parroquia Santa Bárbara (Colón)».
Una foto de distribución hecha por el Palacio de Miraflores que muestra al ministro de Defensa, Vladímir Padrino López; el del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el 5 de enero. / PALACIO DE MIRAFLORES / EFE
Y precisamente en este territorio operaba el alcalde opositor arrestado en la misma operación, quien en colaboración con Fernando Luis B. R. lideraba, siempre según la dictadura chavista, «una red de tráfico de armas», especifica la acusación, que argumenta sus conclusiones en el contenido de los teléfonos móviles que fueron aprehendidos a los investigados, en cuyos mensajes se aludía a que tenían en su poder «un cargamento de armamentos».
Denuncia chavista
En la prensa controlada por el régimen chavista se informó de que las detenciones estaban relacionadas con una trama de corrupción que habían denunciado en marzo de 2024 los concejales chavistas del Concejo Municipal de Colón (Zulia-Venezuela). Los ediles Kendry Paredes y Deisy Iguarán denunciaron al alcalde Sarcos por malversación de al menos 1.200.000 de dólares.
Y este hecho, desvelado por el letrado Nielson Maycon De Souza Vilela, ha convencido a la Audiencia Nacional de frenar la extradición a Venezuela de María Violeta A. B. hermana del letrado señalado como integrante del grupo opositor, al considerar que la reclamación por un delito de una supuesta estafa en realidad podría tratarse de un ardid del Ministerio del Interior de Venezuela, y que la reclamación a España «no obedezca a otros motivos distintos de los meramente alegados».
Por eso, la entrega de esta mujer, residente en un municipio de la Comunidad de Madrid desde 2022, concluyó el magistrado de la Audiencia Nacional Fermín Echarri, podría ser «utilizada de alguna manera en el proceso penal seguido contra su hermano Marcos Javier A. B por los delitos de terrorismo y de traición a la patria, por el cual se encuentra en la actualidad en situación de prisión», pues fue arrestado el 3 de febrero de 2025.
Acta policial chavista
E incluso el acta policial chavista, que firma el detective adscrito a la Dirección De Operaciones Estratégicas (GOES), Jhon Ravelo, especifica que un testigo había señalado a María Violeta A. B y a su hermano en el marco de una investigación de opositores al Gobierno de Caracas, «con el fin de realizar una insurrección armada«.
Nicolás Maduro, rodeado de agentes de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA), a su llegada a Nueva York. / EFE / EFE
Unos meses antes de la operación vinculada al hermano de la venezolana residente en la Comunidad de Madrid, en concreto el 18 de octubre de 2024, Diosdado Cabello había dado un golpe de efecto al anunciar la detención de más de una decena de presuntos «mercenarios» implicados en un supuesto complot para derrocar al Gobierno del depuesto presidente, Nicolás Maduro. El titular de Interior, en una alocución difundida a los medios de comunicación, denunció un plan que habría sido orquestado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), la Administración de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español.
En concreto, acusó al espionaje español de estar «al frente de la operación; en el reclutamiento, en la búsqueda y en el suministro de armas». Y precisamente tras la detención de Maduro por parte del Ejército de Estados Unidos el Gobierno ahora encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha excarcelado a los ciudadanos españoles Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, que fueron acusados de pertenecer al CNI.
Un supuesto complot
Se trata de dos ciudadanos vascos que fueron detenidos en septiembre de 2024 en el marco de un supuesto complot orquestado por la oposición, pues Diosdado Cabello señaló a María Corina Machado, y que tenía como objetivo, según el régimen, asesinar a Nicolás Maduro y otros líderes chavistas. Los dos fueron arrestados y acusados de planear actos «terroristas» en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del candidato opositor exiliado Edmundo González Urrutia.
Según las autoridades de Caracas, ambos estaban vinculados con el CNI, algo que el Gobierno español ha negado en todo momento, defendiendo que fueron detenidos de manera injusta y que, por tanto, debían ser liberados inmediatamente. El escrito de acusación difundido por Pam Bondi, la fiscal general del gobierno de Donald Trump, incluye a Cabello entre los cabecillas del ‘Cártel de los Soles’ por el que fue arrestado Nicolás Maduro.
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