Mendoza. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza declaró este martes culpable al exjuez federal Walter Bento (62) por corrupción, al considerarlo jefe de una asociación ilícita destinada a “obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas”, además de hallarlo responsable por cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba. El veredicto fue dictado por unanimidad, pasadas las 16, y dejó para una instancia posterior la determinación de las penas, que se resolverá este miércoles en una audiencia de cesura.
En su decisión “definitiva y por unanimidad”, adoptada en la Sentencia N° 2841, las juezas hallaron responsable penalmente al exmagistrado federal por el delito de asociación ilícita, en calidad de jefe, en concurso real con el delito de cohecho pasivo, por ocho hechos, en calidad de autor. Esos hechos corresponden a los casos N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10 analizados durante el debate oral. A su vez, fue condenado en concurso real con los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado -por haber sido cometido como miembro de una banda y en ejercicio u ocasión de su carácter de funcionario público-, falsedad ideológica por dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir de prueba, con imposición de costas.
Al analizar la asociación ilícita, el TOF 2, compuesto por las magistradas Diamante, María Pereira y Eliana Rattá Rivas, sostuvo que quedó acreditada la existencia de una estructura criminal estable, con permanencia en el tiempo, división de roles y obtención efectiva de resultados judiciales, que funcionó desde al menos 2007. “La estructura, la permanencia en el tiempo, la división de roles y la efectiva obtención de resultados judiciales demuestran la existencia de una asociación ilícita típica, organizada para delinquir”, afirmó la jueza durante la lectura del veredicto. Según se expuso, Bento ocupó un rol principal dentro de ese engranaje: “Desde esa posición, Bento ordenaba el curso de las maniobras”.
El fallo identificó como pieza clave del engranaje delictivo al fallecido Diego Aliaga, señalado como operador y nexo entre los distintos integrantes de la organización. De acuerdo con la acusación avalada por el tribunal, el propósito de la estructura era “obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas”, mediante el cobro de sobornos a personas investigadas en causas penales, a quienes se les garantizaban beneficios procesales como libertades, sobreseimientos o recalificaciones favorables.
Uno de los tramos centrales del veredicto estuvo dedicado al delito de lavado de activos, que el tribunal tuvo por plenamente probado y calificó como una “expresión paradigmática de corrupción judicial”. En palabras de la jueza, se trató de un caso en el que “se utilizó la función judicial como plataforma para la obtención y legitimación de beneficios ilícitos”. Según se detalló, Bento encabezó un entramado familiar destinado a ocultar el origen ilícito de los fondos e incorporarlos al patrimonio bajo una apariencia de legalidad.
