El accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y resultaron heridas 126, ha puesto el foco en el progresivo aumento de la subcontratación en el mantenimiento de los más de 15.652 kilómetros de vías gestionadas por Adif, una de las redes ferroviarias más extensas de Europa y, cómo esto ha provocado que haya «puntos débiles» en el servicio de gestión de seguridad, según subraya en su último informe, publicado en 2025 con datos del ejercicio 2024, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, un organismo dependiente de Transportes.
Lo ocurrido en la tragedia de Adamuz ejemplifica la situación. El contrato de mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el tramo Guadalmez-Córdoba, el tramo del trágico accidente, fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial, OHLA, FCC y Azvi por 52,5 millones de euros, pero, tal y como ha revelado la investigación, la soldadura de la vía cuyo mal estado provocó el accidente fue realizada en última instancia por una empresa gallega subcontratada, Maquisaba, de la que no se tuvo conocimiento hasta bien avanzadas las pesquisas. En un primer momento se había informado de que había sido Redalsa, una empresa participada mayoritariamente por Adif (52%), la que había realizado los trabajos, que luego fueron supervisados por la ingeniería sevillana Ayesa. El Periódico se ha puesto en contacto con Maquisaba, que ha rechazado hacer declaraciones.
La falta de claridad desde el primer momento pone el foco en la maraña de empresas contratadas y subcontratadas en una adquisición pública, que en algunos casos pueden a llegar a ser decenas, y sobre las que existe una gran opacidad, ya que en ningún momento, públicamente, son desglosadas, ni en Adif ni en ningún otro sitio público. En una rápida consulta a las adjudicaciones de la operadora ferroviaria de los últimos meses se encuentran nombres que nada tiene que ver con las grandes constructuras, como Seranco, Vareser 96, Trechob Consultores o Pandrol Ibérica.
«Garantizar la competencia»
«A través de subcontratistas tú puedes alterar el sentido de la licitación», denuncia Julio González García, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los grandes expertos en licitaciones. A su criterio, todas las empresas que trabajen en una obra pública deberían aparecer tanto en las ofertas presentadas en el concurso como en el portal de Contratación Pública si lo han ganado, por «seguridad y para garantizar la competencia con los demás licitadores».
«El gestor de las infraestructuras tiene un desequilibrio inmenso», abunda Ignacio Barrón de Angoiti, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), «porque está ocupándose de construir obra nueva con miles de millones y a la vez mantener una red en la que no se ha hecho todo lo que debería haberse hecho desde hace mucho tiempo».
El batiburillo de empresas que puede llegar a ejecutar una obra ha encendido las alarmas en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que ha advertido que el hecho de que las ferroviarias «recurran cada vez en mayor medida a contratos con terceros (subcontratistas, prestadores de servicios, cesión de personal…)» ha provocado una «afectación al sistema de gestión de seguridad». Así lo reflejó en su informe del año 2025 tras realizar 87 auditorías a empresas encargadas del mantenimiento y 557 inspecciones in situ.
La Agencia, organismo público adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, incide en que esta práctica «supone un cambio de enfoque y actividades», por lo que insta a que los acuerdos entre las adjudicatarias y los terceros «recojan los aspectos relativos a la seguridad acordados conforme a su propio sistema de seguridad». Según ha podido comprobar en sus inspecciones el organismo, «los acuerdos no son del todo lo descriptivos que deberían ni recogen todos los aspectos de seguridad que deberían estar regulados en él», y por eso inciden en que las empresas ferroviarias deben implementarlo. En ese sentido, la Agencia se compromete a realizar auditorías ya no transversales sino «parciales» para supervisar los contratos más en profundidad.
La Agencia concluye tras sus auditorías que hay «puntos de mejora considerables» en el «proceso de vigilancia y el de riesgos y la vigilancia sobre las actividades encomendadas a terceras partes»
«El órgano considera que la gestión de estos procedimientos del servicio de gestión de seguridad que deben ser compartidos a terceros continúa siendo uno de los puntos más débiles», señala el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y en el que la Agencia observa «puntos de mejora considerables» en el «proceso de vigilancia y el de riesgos y la vigilancia sobre las actividades encomendadas a terceras partes».
1.120 millones de inversión en el mantenimiento
Según subrayan abogados especializados en contratación pública, sindicatos y fuentes del sector de la construcción consultados, la subcontratación en el mantenimiento de la infraestructura, en la que Adif invirtió 1.120 millones de euros en 2025, un 60% más que siete años antes, se ha disparado desde el cambio legislativo de 2017. En noviembre de aquel año el Gobierno, entonces liderado por Mariano Rajoy, aprobó la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), una transposición de una directiva europea que eliminó de facto el límite del 60% para la subcontratación que establecía hasta entonces la legislación española.
En 2017, se aprobó una ley que trasponía una directiva europea que prohibía que se limitara a las concesionarias públicas la subcontratación
La medida, avalada también por una sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea que prohibía establecer limites a la subcontratación, buscaba favorecer que pequeñas y medianas empresas accedieran a contratos públicos. «Es una muy buena medida porque el 98% de las constructoras de este país tiene menos de 10 trabajadores y no podían acceder a grandes contratos», señalan fuentes del sector de la construcción, que reconocen que en la actualidad se puede llegar a subcontratar «hasta en tres niveles».
Pero, ¿quién vigila a las subcontratas? Tal y como recogen varios pliegos de mantenimiento de Adif consultados por este periódico, es la contratista principal quien «asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato» -a través de un jefe de obra o supervisor-, si bien la última responsable de las obras una vez recepcionadas y quien debe tutelar su conservación es Adif.
Lo cierto es que el operador ferroviario no es informado de quiénes son las subcontratas hasta que no se ha adjudicado el contrato. Según recoge la Ley, que estipula que se pueden establecer límites a la subcontratación en los pliegos en obligaciones esenciales o críticas, algo que raramente se hace, según diversas fuentes, la adjudicataria deberá comunicar «por escrito, tras la adjudicación del contrato y a más tardar cuando se inicie su ejecución, la parte de prestación» que se subcontrata, la identidad y datos de contacto y la justificación de que el tercero está capacitado para hacer el trabajo. Es lo que en el sector se conoce como el «libro de subcontratación».
Vista de las labores de reconstrucción del tramo de vía de Adamuz donde se produjo el fatal accidente. / Ministerio de Transportes y Movilidad.
«En licitaciones grandes ni se molestan en saber qué va a hacer cada parte», precisa, sin embargo, un abogado de un bufete experto en licitaciones públicas que ha representado legalmente a varias concesionarias y que confirma la tendencia al alza de externalizar trabajos.»La ley dice que se puede subcontratar de forma parcial, con lo que no hay un tope, es interpretable. Nosotros hemos llegado a subcontratar el 99%», ratifica el abogado.
«La ley dice que se puede subcontratar de forma parcial, con lo que no hay un tope, es interpretable. Nosotros hemos llegado a subcontratar el 99%», dice un abogado que representa a varias concesionarias
Esta situación está provocando también las críticas de los sindicatos, que hablan de falta de control. «A nosotros nos está resultando complicadísimo saber las empresas que hacen las obras porque hay una alta rotación y es todo un entramado que acaba todo al final en las mismas manos. No tenemos acceso a los datos de las subcontratas», apunta Noelia Martín, secretaria general del sector ferroviario del sindicato SFF-CGT. «Nos hemos encontrado en algunas obras de mantenimiento con que el llamado encargado del trabajo, que es una figura de seguridad de circulación de Adif, es el que les tiene que explicar [a los operarios] qué hacer», apostilla.
Este periódico se ha puesto en contacto con el gestor ferroviario para conocer, entre otros datos, qué porcentaje de obras se subcontratan en toda la red y en concreto en la obra Adamuz, pero al cierre de esta edición no ha obtenido respuesta.
Más sanciones
Tomas Paricio, abogado de del bufete de abogados Dig de Barcelona, experto en contratación pública, asegura que el debate no es tanto «si se subcontrata en exceso, sino los controles de calidad de los servicios prestados o las obras realizadas», un control que Adif «puede realizar durante la ejecución del contrato y aplicar las penalidades que correspondan si no se está ejecutando correctamente».
Desde el sector se replica, entretanto, que «lo que más preocupa a las constructoras es la seguridad», pero eso no quita que haya accidentes y, pese a que en este caso se hicieron controles aleatorios a las vías del tramo donde se produjo el fatídico descarrilamiento, no fue «suficiente» para evitar lo que ocurrió. Lo que tienen claro mayoritariamente las constructoras es que los encargos a terceros deben seguir existiendo. «Alguna vez alguna licitación imponía límites a la subcontratación y lo hemos recurrido», advierten.
De acuerdo a los últimos datos que maneja la Agencia de Seguridad, en 2024 el número de accidentes significativos -con muertos o heridos o graves daños en el material- se había reducido notablemente con respecto al año anterior (57 por 77 de 2023), si bien los accidentes como descarrilamiento habían aumentado en los dos últimos años (16 en 2023 y 12 en 2024 por los ocho y seis de 2021 y 2022).
La actual situación con las subcontratas despierta también críticas de expertos en licitaciones, como el catedrático González García, que aprecia que si efectivamente se está externalizando hasta un 99% los trabajos de adjudicaciones se «está produciendo un fraude de ley». «Si el contratista no ejecuta la parte esencial del contrato atenta contra la libre competencia», señala el experto, que precisa que se subcontrata mucho porque las «grandes contratistas ofrecen precios muy bajos, lo que repercute en quién hace finalmente el trabajo, ya que las grandes constructoras tienen costes más altos y las pequeñas pagan menos. Si lo fías todo al precio y no incluyes exigencias de calidad puedes tener una obra muy barata, pero con poca calidad».
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