Los impuestos y otras tasas que se aplican a los precios de la electricidad representan una proporción significativa de las facturas que pagan los consumidores. En el caso español, el componente fiscal medio de los precios de la electricidad fue 4,2 veces mayor que el del gas natural en el primer semestre de 2025, según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El ejemplo español sirve al organismo para denunciar que tener impuestos más altos para la electricidad que para el gas dificulta el cambio energético en los hogares y detiene el ritmo de la electrificación del consumo.
Los precios residenciales de la electricidad suelen ser superiores a los del gas natural, por lo que impuestos variables como el IVA “se traducen en importes absolutos más altos para la electricidad, a pesar de que los tipos de IVA son similares”, explica la agencia europea en su informe. En el caso español, tanto electricidad como gas están gravados a un tipo impositivo del 21%, pero en el periodo analizado el precio mayorista de la electricidad fue de alrededor de 60 euros, mientras que el del gas rondó los 40 euros.
“Más allá del IVA, los impuestos, tasas, gravámenes y cargos no relacionados con el IVA en las facturas de electricidad siguen siendo casi el doble de elevados que los de las facturas de gas en los países de la UE”, añade el organismo con sede en París. En España, la electricidad cuenta con un impuesto especial a la electricidad (5,11%, calculado sobre la potencia contratada y la energía consumida) y el gas, con un impuesto especial sobre hidrocarburos (0,00234 €/kWh para uso doméstico, calculado sobre la energía consumida). Además, la factura de la luz tiene interiorizado un gravamen del 7% sobre la producción eléctrica, que pagan las compañías generadoras y que se traduce en un precio mayorista de la luz más caro que si no hubiera impuesto.
Límite a la electrificación
El problema de una mayor tributación de la electricidad es que «puede afectar a la asequibilidad del consumo eléctrico y, al mismo tiempo, puede frenar el ritmo de la electrificación, ya que ciertas tecnologías como las bombas de calor pueden verse afectadas por estos regímenes tributarios frente a las calderas de gas”, advierte el autor del informe, Eren Cam. En el mismo, el brazo energético de la OCDE proyecta para España un crecimiento de la demanda eléctrica “ligeramente inferior” al 2% de media al año entre 2026 y 2030, lo que llevaría a la demanda actual hasta los 282.378 gigavatios-hora (GWh) a finales de 2030.
La tasa de crecimiento del consumo de luz proyectada es superior al 0,4% registrado en la última década; pero muy inferior a las pretensiones del Gobierno, que auguraba una demanda eléctrica de alrededor de los 350.000 GWh dentro de cinco años, según recoge en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) aprobado en 2024 y que representa los planes energéticos del país para los próximos años.
La propuesta de Bruselas
En el conjunto de la Unión Europea, en el primer semestre del año pasado, el componente fiscal de la electricidad representó el 28% del precio medio de la electricidad para los hogares (en España superó el 30%). Y la Agencia Internacional de la Energía no es la única que ha puesto el foco en los impuestos de la factura de la luz, la Comisión Europea presentó en febrero de 2025 el Plan de Acción de Energía Asequible, en el que pidió a los Estados miembros «más ambición» en materia de peajes e impuestos para abaratar las facturas.
El Ejecutivo comunitario dio entonces algunas ideas sobre qué podían hacer los países para alcanzar esas aspiraciones. Entre ellas, planteó ajustar el tipo mínimo del impuesto especial de la electricidad, aplicar el tipo reducido del IVA (5%), eliminar los gravámenes no relacionados con la energía o transferir aquellos que financian las políticas energéticas al presupuesto general. Y anunció que haría recomendaciones específicas en la última mitad de 2025, aunque todavía no las ha hecho.
Como ejemplo de rebajas, la Agencia Internacional de la Energía cita a Dinamarca, que prevé reducir el 99% del componente fiscal de los precios de la electricidad de los hogares entre 2026 y 2027, con un coste de 2.000 millones de euros. «Sin embargo –añade– (…) otros países restablecieron los tipos de IVA anteriores a la crisis en 2025. Este fue el caso de España, que restableció el tipo del 21%, en lugar de un tipo reducido del 10%», afirma la agencia. «Las bombas de calor pueden reducir significativamente las facturas de energía de los hogares en países con precios comparables de electricidad y gas natural, pero pueden generar facturas más altas en países donde los precios de la electricidad son más de tres veces los precios del gas», agrega.
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