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La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de un exconsejero del PAR para obtener trato de favor en el organismo ambiental de Aragón

La ‘explosión’ del operativo policial y judicial contra Forestalia no solo ha revelado presuntas irregularidades en el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) sobre la tramitación del Clúster del Maestrazgo. Porque las sospechas de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) se ciernen cada vez más sobre el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, entre los tejemanejes del organismo autonómico todavía está pendiente resolver el papel que desempeñó la consultora de energías renovables de tres excargos del Partido Aragonés (PAR), Alfredo Boné, Ana Cristina Fraile y Luis Marruedo, como antesala de «un trato de favor» del Inaga con el conglomerado de Forestalia.

En la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente, de hecho, se está a la espera de «completar información» sobre la consultora Athmos Sostenibilidad SL en relación a su creación en 2015 y a su posterior venta en 2018 al propietario del gigante aragonés de las renovables: Fernando Samper. Es una transacción, la venta de Athmos Sostenibilidad SL, que se ejecutó por cuatro millones de euros, 443.531 euros superior a lo pactado según un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) del Banco de España.

Tanto es así que Athmos Sostenibilidad SL -en su origen Viados Gestión Integral de Proyectos SL- es una empresa que en la capital aragonesa comparte sede con Forestalia en Coso (33), donde el pasado martes día 3 de marzo irrumpieron los investigadores tras precipitarse la conocida como ‘Operación Perserte’ con una docena de registros en Zaragoza (2) y en Madrid (10). Por eso la Guardia Civil tiene pendiente de «completar información» sobre esta misma entidad para aclarar «el proceder» de otras personas como el exdirector del Inaga, Jesús Lobera; el exsecretario general técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, José Luis Castellano, y el mismo Fernando Samper.

‘Operación Perserte’

De esta forma la Fiscalía se mantiene a la espera de su resultado para solicitar la inhibición de estas diligencias a un partido judicial de Madrid en el caso de que existan indicios de delito, tal y como ha solicitado con la presunta trama del Miteco que todavía dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel. Porque la ‘Operación Perserte’ apunta a su exsubdirector general de Evaluación Ambiental, Eugenio Jesús Domínguez, al considerarle los investigadores la «figura central» en la tramitación irregular de proyectos a cambio de recibir más de cinco millones de euros en «pagos ilícitos» a través de las empresas de su mujer: Montserrat Heredero.

Forestalia y Athmos Sostenitibilidad SL fueron registradas este martes por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) por presuntas ‘mordidas’ e irregularidades en la tramitación y en la adjudicación del clúster del Maestrazgo. / PABLO IBÁÑEZ

Pero en esta investigación también se han cruzado otras averiguaciones que han llevado a los investigadores hasta el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. De esta forma se cuestiona la dirección de Jesús Lobera al atribuirle el papel de «figura central» en las acusaciones de «presión» y «cambio de procedimientos» para impulsar proyectos de energías renovables en la provincia turolense, la mayoría de ellos vinculados precisamente a Forestalia.

Nexo de unión entre el Miteco y el Inaga

«Concatenadamente a ese trato de favor en los informes ambientales del Inaga llegarían al ámbito ministerial para servir de consulta, aunque no sea vinculante, para ‘rematar la faena’ el investigado Eugenio Domínguez en su labor de autoridad ambiental y mediante presunto cohecho. Y así, con esta ‘coartada’, otorgar las correspondientes DIAs favorables de modo que pudiesen constituir las continuadas prevaricaciones en el seno y sede ministerial de Madrid», analiza ahora el fiscal Jorge Moradell sobre el nexo de unión que podría existir entre los organismos autónomico y estatal.

En cualquier caso es una sospecha que la Guardia Civil ya recoge en el atestado instruido por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Tanto es así que en este mismo documento se dice que Lobera desarrolló su trabajo con «normalidad» hasta que se desencadenó el boom de las energías renovables con una llegada masiva de proyectos, la mayoría de ellos de la mano de Forestalia. «Los testimonios describen una nueva actitud proactiva por parte de Jesús Lobera para que estos expedientes obtuvieran una resolución favorable», se recoge en el atestado.

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