La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está dispuesta a prolongar hasta el final el pulso en torno a la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid conocida ayer por la que se insta al Gobierno regional a iniciar «de inmediato» los trámites para la creación de ese registro cogió a la dirigente madrileña de viaje en Nueva York, pero la primera reacción que trasladaron fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña ya apuntaba en ese sentido.
Lo que ha hecho el TSJM, se aseguraba, es aceptar la medida cautelar solicitada por el Gobierno central, pero no ha entrado a resolver el fondo del recurso planteado por el Ministerio de Sanidad por la negativa de la Comunidad de Madrid a crear ese registro. Además, se anticipaba que se presentaría recurso contra el auto del TSJM.
En Sol se admite que si un juez así lo dictamina, se cumplirá y se elaborará el registro, pero antes se agotarán todas las opciones judiciales al alcance.
Entretanto, se estira aún más la cuerda de un enfrentamiento con el Gobierno, especialmente personificado en la figura de la ministra de Sanidad, Mónica García, dirigente de Más Madrid, la formación que lidera la oposición en la Comunidad de Madrid. García considera una victoria la decisión judicial. La cuestión, con un potente trasfondo ideológico y de guerra cultural, traspasa los límites de una mera disputa judicial.
La pelea de Ayuso agita las aguas también dentro del propio Partido Popular. Este martes era preguntada por ello Ester Muñoz, la portavoz popular en el Congreso de los Diputados. «En Génova siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan y, por tanto, yo estoy convencida de que la Comunidad de Madrid acatará la decisión judicial», contestaba.
No es la primera vez que en la dirección nacional del partido se ven obligados a pronunciarse. El pasado octubre, en el momento de mayor crispación en torno al asunto, en un debate en la Asamblea de Madrid, Ayuso señalaba: «No voy a hacer una lista negra de médicos nunca. Nunca. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar«.
Las palabras de Ayuso abrieron de par en par las puertas a que el Gobierno saliera en tromba contra ella, con Sánchez a la cabeza, quien señalaba a la presidenta madrileña por pretender devolver a las mujeres españolas a «los viajes clandestinos a Londres». El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo tuvo que fijar su posición ese mismo día, apenas unas horas después del «váyanse a otro lado a abortar» de Ayuso, aclarando que garantizaría siempre que cualquier mujer que optara por interrumpir su embarazo pudiera hacerlo «con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes».
Como en otros debates, Ayuso va un paso más allá en su confrontación con el Gobierno. Madrid es, de hecho, la única comunidad autónoma que mantiene una oposición tan férrea al registro. Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana, lo han creado. Andalucía y Asturias lo están tramitando. Y Aragón y Baleares atendieron al requerimiento hecho en octubre por Sanidad, también a Madrid, que no contestó en el plazo de tres meses, lo que resultó en el recurso de Sanidad.