La Comisión de Seguridad de la Legislatura de Córdoba inició el tratamiento de un proyecto de ley que propone crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, con el objetivo de fortalecer sus derechos dentro del proceso penal.
La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, Juan Manuel Llamosas, y contó con la presencia del ministro de Justicia y Trabajo de la provincia, Julián López, quien presentó los principales alcances de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
El proyecto —identificado como Ley 45512— plantea modificaciones al Código Procesal Penal (Ley Nº 8123) para establecer un marco que garantice a las víctimas trato digno, acceso a la información, participación en el proceso, asistencia, protección y reparación.
Según se explica en los fundamentos, la experiencia del sistema penal demuestra que muchas víctimas enfrentan falta de información, obstáculos para acceder a las causas, demoras en los procesos y situaciones de revictimización, lo que debilita la confianza en la respuesta estatal.
En ese sentido, la iniciativa propone que los derechos de las víctimas sean exigibles y operativos, y no solamente declaraciones formales dentro de la legislación.
Durante el encuentro, López explicó además que el gobernador Martín Llaryora propuso que la futura norma lleve el nombre de Joaquín Sperani. El funcionario señaló que la familia del adolescente expresó su intención de participar del debate legislativo tras haber atravesado situaciones en las que, según indicó, interpretaciones rígidas de la ley limitaron su participación en el proceso judicial.
Entre los cambios que impulsa el proyecto se destacan la posibilidad de que las víctimas soliciten reparaciones, reciban información sobre las causas y puedan ser escuchadas durante el proceso. También se contempla que quienes hayan sufrido delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.
La iniciativa además refuerza la obligación de informar a las víctimas sobre decisiones judiciales que puedan afectar su seguridad, establece modalidades especiales de declaración en casos de violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar, y propone la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura.
En paralelo, se informó que actualmente existen seis proyectos vinculados a la protección de víctimas en análisis legislativo, por lo que el tratamiento continuará con aportes y observaciones de distintos sectores.
Durante la segunda parte de la reunión, funcionarios del Ejecutivo también brindaron un informe sobre la situación del sistema penitenciario provincial, en respuesta a pedidos de información presentados por legisladores.