Las estafas telefónicas que se organizan desde las cárceles se consolidaron en el último tiempo como uno de los delitos más extendidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con celulares ingresados de manera ilegal o mediante líneas habilitadas dentro de los penales, grupos de detenidos realizan llamados para engañar a las víctimas y quedarse con su dinero. El fenómeno, conocido como «estafas tumberas», combina tecnología, manipulación psicológica y redes de cómplices en libertad.
Investigadores judiciales y especialistas en ciberdelito estiman que en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano se registran alrededor de 50 denuncias diarias por estafas telefónicas o virtuales. Los fiscales advierten, además, que el número real podría ser mayor, ya que muchas víctimas no realizan la denuncia por vergüenza o porque el dinero transferido resulta difícil de recuperar.
Estafas «tumberas»: los métodos más utilizados
Las modalidades más frecuentes incluyen el clásico «cuento del tío», los falsos secuestros virtuales, supuestos llamados de bancos para actualizar datos de cuentas o engaños vinculados a compras por Internet. En la mayoría de los casos, los delincuentes logran obtener información personal de las víctimas y, mediante presión o engaños, consiguen transferencias de dinero, códigos de seguridad o datos de tarjetas.
El problema tiene su base en la gran cantidad de teléfonos que circulan dentro de los penales. En las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense existen casi 49.000 líneas de celulares registradas para uso de los detenidos. A ese número se suman los equipos clandestinos que ingresan de manera ilegal. Solo durante 2025 se secuestraron más de 1.500 teléfonos en requisas realizadas dentro de las unidades penitenciarias.
La proporción ilustra la magnitud del fenómeno: en las cárceles bonaerenses hay más de 62.000 presos, lo que implica un promedio cercano a un celular cada 1,3 detenidos si se toman en cuenta las líneas registradas. Para investigadores y especialistas en seguridad, esa disponibilidad de teléfonos facilita la organización de maniobras delictivas que se ejecutan desde las propias celdas.
El sistema penitenciario también aporta dimensión al problema. Sólo en las cárceles de la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 62.700 detenidos, mientras que el Servicio Penitenciario Federal alberga a unos 12.000 internos en distintas unidades del país. En conjunto, ambos sistemas reúnen cerca de 75.000 personas privadas de libertad.
Las estafas suelen completarse con la participación de cómplices fuera de prisión, que se encargan de retirar dinero, recibir transferencias o comprar bienes con los fondos obtenidos mediante engaños. Así, los presos pueden dirigir las maniobras desde los penales mientras otros integrantes de la banda concretan la parte final del fraude.
El impacto de estas maniobras quedó expuesto en distintos casos recientes que terminaron en tragedia. Entre ellos, el de un soldado que se quitó la vida tras ser víctima de una estafa telefónica que lo dejó endeudado, un episodio que volvió a poner en discusión el alcance de las organizaciones delictivas que operan desde las cárceles.
El fenómeno se explica por la combinación de tres factores: la masiva circulación de teléfonos dentro de los penales, la facilidad para obtener datos personales de potenciales víctimas y la existencia de redes de colaboradores en libertad que permiten completar las maniobras. En ese contexto, las llamadas que parten desde las cárceles continúan multiplicándose y alimentan un circuito de fraude que, según advierten fuentes judiciales, se consolidó como uno de los negocios criminales más extendidos del país.