Se han cumplido cinco años de la decisión del Gobierno de emplazar en Córdoba la sede unificada de la Base Logística del Ejército de Tierra, un éxito objetivo del gobierno municipal de José María Bellido, que abrió las puertas de una teórica escalada industrial. En este tiempo, las autoridades territoriales han hecho sus deberes. Se ha pagado lo que se tenía que pagar y urbanizado lo que se tenía que urbanizar, de forma que Defensa puede empezar cuando desee la construcción efectiva de las instalaciones. Parece que será este año. Dicen.
Al punto, hemos asistido a una sucesión de anuncios de inversiones que, en su mayoría, tienen que ver con ingenierías. El Gobierno de Sánchez ha creado un gran carajal en la industria del armamento con los planes iniciales entre Indra y Escribano, esa oda al conflicto de interés, primorosamente incentivada desde el Ejecutivo y caída en desgracia, vaya usted a saber por qué. A ello, hay que sumarle la paralización de inversiones con la ruptura tecnológica aparente con las patentes de Israel, las compras no resueltas de suelo, el conflicto judicial con Santa Bárbara o la súbita proliferación de proyectos empresariales que acaban, milagrosamente, a cientos de kilómetros.
Admitamos de una vez que la industria de la defensa es Estado profundo. Las mercantiles proveedoras serán beneficiarias, intermediarias, instrumentos a lo sumo. La presencia de fondos de inversión y empresarios (reales o imaginarios) añade lucro al asunto, pero no desvirtúa un ápice sus características de política pública. Mantequilla o cañones, que decía el manual de Economía de Samuelson.
Alguien debería echar cuentas de manera comparada. Cinco años dan para un balance crítico. Córdoba apostó muchos recursos propios, millones, para acoger la Base con la promesa expresa de recibir proyectos empresariales duales. El problema estriba en que los grandes centros de fabricación están desarrollados ya en otros lugares que no han apostado dinero, territorio y vulnerabilidad ante amenazas. Y eso está pasando ante la complacencia de nuestros políticos locales, siempre tan obedientes, que en ocasiones roza la indignidad rastrera.
Aquí se han visto anunciar -para otros lugares- fábricas millonarias de transportes terrestres en sedes de agrupaciones de partido, anunciar como estratégicos los restillos de las principales inversiones en blindados y ni un euro en las cadenas de montaje de vehículos no tripulados. Lo peor es que se han impuesto relatos edulcorados o moralistas sobre la Base. Y se siguen asumiendo decisiones que implican un coste para la ciudad, como la reciente cesión de la antigua N-IV o las compras de equipamientos en desuso por millonadas. Cinco años han pasado y estaría muy bien empezar a saber a cambio de qué. En concreto, cuál es el balance material, concreto y contabilizado entre lo pagado y lo recibido.
*Periodista
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