La entidad profesional promovió una acción de amparo por considerar que dos artículos de la nueva ley afectan el ejercicio de la abogacía y garantías constitucionales.
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, promovió este jueves una acción colectiva de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, de «Modernización laboral». Esos artículos modifican disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.
La norma fue promulgada a inicios de marzo tras su sanción en el Congreso. Según informes, el Gobierno aún no terminó de elaborar el decreto reglamentario, por lo que hay artículos clave que no pueden aplicarse, como la instrumentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Gil Lavedra advirtió que las normas afectan a la profesión. «La norma que dispone el pago en cuotas de la indemnización crea una desigualdad irritante del crédito laboral, que posee carácter alimentario», aseguró.
El segundo artículo objetado «establece la responsabilidad del profesional por pedir en exceso una indemnización». La presentación argumenta que estas disposiciones afectan el ejercicio de la abogacía laboral, comprometiendo el derecho a trabajar, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley.
En tanto, la coordinadora Legal y Técnica de la institución, Alejandra García, consideró que «no se trata de la defensa de un interés sectorial, sino de resguardar garantías constitucionales básicas, como el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y la efectiva protección de derechos de naturaleza alimentaria».
Desde el Colegio solicitaron además una medida cautelar que suspenda la aplicación de las normas impugnadas.