El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha garantizado este miércoles ante el pleno del Congreso de los Diputados que, a medida que se vaya agotando, el Gobierno irá ampliando la cuantía de los 5.000 millones en avales públicos y de las demás medidas financieras puestas a disposición de las empresas afectadas por los aranceles de Donald Trump.
«Conforme se vayan utilizando estos instrumentos los iremos aumentando, de modo que ninguna empresa se quede sin ellas«, ha garantizado Cuerpo. «No habrá competencia entre las empresas para el acceso a este tipo de medidas», ha dicho el ministro de Economía durante su comparecencia en el pleno del Congreso para explicar el alcance del bautizado como ‘Plan de respuesta y relanzamiento comercial’, con el que el Gobierno prevé movilizar alrededor de 14.100 millones de euros en frente al embate arancelario de EEUU.
Con este compromiso, Carlos Cuerpo busca alejar la polémica suscitada por Junts sobre un posible reparto territorial de las ayudas para las empresas que exportan a EEUU.
El portavoz del Partido Popular, Juan Bravo, ha vuelto a exigir al ministro que el plan del Gobierno incorpore ayudas directas a las empresas, deducciones fiscales en el impuesto sobre sociedades y la corrección de la inflación en el impuesto sobre la renta. El PP quiere que estas medidas se incorporen en el real decreto de medidas aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Y para ello, Bravo ha dado al Gobierno el plazo de un mes, el mismo plazo máximo en el que el real decreto del Gobierno deberá ser sometido a votación en el Congreso de los Diputados.
Carácter abierto del plan
El ministro ha explicado que el plan urgente adoptado por el Gobierno solo constituye una «primera capa», ya que este plan tiene «un carácter abierto», que se irá adaptando a las circunstancias y a las necesidades de «sectores, empresas y territorios», dependiendo de su exposición al mercado de EEUU. Para la adopción del este plan y para sus posteriores desarrollos, Cuerpo ha vuelto a tender la mano al resto de los grupos políticos, a las comunidades autónomas, a los sectores productivos y a las empresas afectadas para el diálogo y la negociación.
Como parte del plan del Gobierno, este mismo martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un ‘Real decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial’ con medidas de carácter financiero. En concreto, el real decreto sirve para poner a disposición de las empresas avales públicos (5.000 millones), una línea adicional de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 1.000 millones, un refuerzo de 2.000 millones del seguro de crédito a la exportación que presta el organismo CESCE y una mayor dotación de 200 millones para el fondo de inversión productiva del Ministerio de Industria.
En su negociación con el Gobierno, Junts impuso la incorporación en el texto del decreto de la garantía de que «la puesta a disposición de las empresas de los instrumentos financieros regulados en el presente real decreto-ley se efectuará con respeto al equilibrio territorial». El Gobierno asume que, de acuerdo a lo pactado con Junts, «los instrumentos estarán a disposición de las empresas de manera equilibrada territorialmente en función de su exposición al shock».
Ante la posible interpretación de que este compromiso de equilibrio territorial pudiera ser interpretado como un reparto entre autonomías de las ayudas, Carlos Cuerpo ha querido subrayar este miércoles que «ninguna empresa se quedará sin las ayudas» dispuestas y que «no habrá competencia entre las empresas para el acceso a este tipo de medidas»